Participación Ciudadana (PC) rechazó la decisión del Poder Ejecutivo de entregar fondos a los partidos políticos que no estaban consignados en el Presupuesto General. La organización considera que esta medida viola la ley y establece un precedente peligroso para el país en el futuro. PC explica que la reducción de recursos a los partidos políticos y otras instituciones se ha producido año tras año debido a la falta de ingresos suficientes por parte del Estado. Rechaza cualquier decisión que se base en violaciones a la ley, especialmente cuando beneficia a aquellos que tienen la potestad de crear y hacer cumplir las leyes.
PC critica el uso de recursos destinados a otros fines en el presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE), considerando que es ilegal. Afirma que pasar por encima del Congreso Nacional para restablecer estos recursos es una violación a la separación de poderes y una medida inaceptable. La organización sostiene que los gobiernos de las últimas décadas han tomado decisiones similares por falta de voluntad para hacer una reforma fiscal que aumente las recaudaciones o reformar las leyes especiales que asignan porcentajes fijos del presupuesto.
En el comunicado de prensa, PC menciona que la Ley No. 80-23 establece ajustes a recursos asignados por leyes especiales, permitiendo al Poder Ejecutivo apropiar un monto inferior a lo establecido en estas leyes. Señala que esta reducción afecta a instituciones como la Junta Central Electoral, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, los ayuntamientos, la UASD, la Cámara de Cuentas, entre otras. PC reconoce que se deben corregir estas irregularidades, pero critica la decisión del Gobierno de complacer a los partidos políticos sin consenso.
PC hace referencia a la constitución, destacando que una vez aprobado el Presupuesto General del Estado, no se pueden trasladar recursos de una institución a otra sin una ley. Además, ninguna erogación de fondos públicos será válida sin autorización legal. La organización señala que la decisión del Gobierno viola el principio de especialidad cualitativa, que establece que los recursos deben ser utilizados exclusivamente para los objetivos del presupuesto. Insiste en que sólo el Congreso Nacional está facultado para modificar el presupuesto.
Participación Ciudadana espera que en una próxima revisión constitucional se revisen las condiciones y montos de financiamiento consignados en las leyes electorales y de partidos, considerando los resultados pobres obtenidos. Sin embargo, hasta que esto se produzca, la organización no apoyará violaciones a la ley en beneficio de un sector en detrimento de otras instituciones y sectores. PC insta a respetar la separación de poderes y a seguir el proceso legal establecido para cualquier modificación presupuestaria.
