El Ministerio Público solicitó al Tribunal Colegiado de Jimaní que los miembros de una red criminal desmantelada con la operación Iguana sean condenados a penas de 30 y 20 años de prisión por delitos como tráfico ilícito de migrantes, delitos contra la administración pública, porte ilegal de armas y secuestro. Los acusados incluyen a Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano, Quelinton Eduardo Volquez Guzmán, Roberto Méndez Pérez, coordinador del puesto fronterizo en Jimaní de la Dirección General de Migración, el inspector de Migración Johan Rosario Castillo, y Deivi Novas Reyes, quienes podrían enfrentar largas condenas de prisión.
Las procuradurías especializadas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentaron la solicitud de pena ante los jueces del tribunal, quienes anunciaron que emitirán su fallo el próximo jueves. La operación Iguana fue llevada a cabo en el año 2022, con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, desarticulando una red criminal que operaba en la frontera domínico-haitiana.
Durante los allanamientos, el Ministerio Público arrestó a los acusados y confiscó diversas evidencias, incluyendo vehículos, pasaportes de ciudadanos extranjeros, dinero en efectivo, documentos y un arma de fuego. La investigación penal iniciada en diciembre de 2021 contra los miembros de la red arrojó pruebas que los vinculan con el tráfico ilícito de migrantes y secuestro de personas, entre otros delitos. Los acusados utilizaban métodos coercitivos como amenazas y chantajes para obtener sobornos y mantener cautivas a las personas objeto de tráfico ilícito.
Los procesados desempeñaban diferentes roles dentro de la red criminal, siendo señalados por violar varias leyes dominicanas, como la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como la Ley 583 sobre Secuestro.
La PETT, liderada por la procuradora general de corte Yoanna Bejarán Álvarez, trabajó en conjunto con la Dirección General de Migración en la investigación y desmantelamiento de la red criminal que operaba en la frontera. Los acusados enfrentan graves cargos por sus acciones ilegales, que incluyen el secuestro de personas y el tráfico ilícito de migrantes. El Ministerio Público ha presentado una fuerte acusación con la solicitud de penas de prisión de hasta 30 años para los responsables de estos delitos.
La red criminal utilizaba la casa de Quelinton Eduardo Volquez Guzmán para retener a los migrantes hasta recibir el pago exigido para su liberación, operando con total conocimiento y complicidad de otros miembros, como Dominga Guzmán. La operación Iguana ha sido un golpe importante contra el crimen organizado en la región, y se espera que el tribunal emita un fallo contundente en el caso contra los acusados.
