En Santo Domingo, un total de 52 oficinas de abogados han representado a imputados de delitos de criminalidad organizada que han firmado acuerdos con el Ministerio Público para aceptar su culpabilidad. Estos acuerdos han sido judicializados ante los tribunales sin excepción. El Ministerio Público ha garantizado que en ninguno de estos acuerdos han participado personas de su nómina y que han sido cuidadosos y transparentes en su elaboración, sin aceptar intermediarios.
Cada abogado que ha firmado un acuerdo en representación de su cliente ha sido testigo de que el documento debe basarse en la verdad, ser voluntario y producto de la cooperación frente a las investigaciones. Todos los acuerdos realizados se encuentran judicializados y han sido elaborados en cumplimiento de la ley. Se han firmado acuerdos para decomisar activos como bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones y cheques certificados, pero no para recibir cesiones u obras futuras.
El Ministerio Público considera que las denuncias en su contra son resultado de la desesperación de la defensa de algunos acusados, quienes difunden informaciones falsas. Han calificado estas acciones como deshonestas y poco profesionales. El comunicado del Ministerio Público reconoce el derecho ciudadano de cuestionar sus acciones pero sostiene que es deshonesto cuestionar de manera deliberada y aviesa, especialmente cuando las acusaciones son falsas.
El Ministerio Público se defiende de las acusaciones que intentan atribuir responsabilidad a miembros de nivel medio de una estructura criminal cuando las evidencias indican lo contrario. Han señalado que no se detendrán ni se intimidarán por las campañas en su contra. Además, han tomado medidas cautelares para evitar el uso de recursos ilícitos en contra de sus procesos.
Se han realizado acuerdos de culpabilidad en diversas materias, siempre bajo la normativa procesal penal. El Ministerio Público ha sido enfático en su compromiso de perseguir todos los delitos, sin importar quiénes los hayan cometido. Han defendido la aplicación de soluciones alternas al proceso penal, una práctica común en sistemas acusatorios como el dominicano.
En conclusión, el Ministerio Público de la República Dominicana ha enfrentado acusaciones y críticas, pero ha defendido la transparencia y la legalidad de los acuerdos realizados en casos de criminalidad organizada. Han reafirmado su compromiso con la justicia y la persecución de delitos, independientemente de quienes sean los responsables. Su labor continúa en busca de la justicia y el cumplimiento de la ley en beneficio de la sociedad dominicana.
