El Ministerio de Interior y Policía ha negado la autorización para la marcha planeada por la diáspora haitiana en el este del país el 15 de septiembre. El viceministro Juan Manuel Rosario enfatizó que el Ministerio mantiene firmemente su política migratoria en línea con las regulaciones actuales. Estas regulaciones prohíben la presencia de extranjeros que no cumplen con la ley y la Constitución. Rosario señaló que intentar coaccionar al Estado Dominicano a través de marchas u otras formas de protesta para que no cumpla con sus políticas de inmigración y leyes es contraproducente para la paz social, la seguridad ciudadana y el orden público en la República Dominicana. Afirmó que tales acciones violarían la Ley No. 285-04 sobre migración y requerirían que el Ministerio de Interior y Policía haga cumplir el artículo 122, párrafo 1 de la Ley de Migración.

Recordó que ni extranjeros ni nacionales que abogan por estas posiciones tienen permitido participar en actividades dentro del territorio nacional que vayan en contra de las regulaciones internas o de los principios más amplios del derecho internacional. La negativa del Ministerio de autorizar la marcha de la diáspora haitiana se basa en mantener el orden y la legalidad en el país, siguiendo las normas establecidas en materia migratoria. La postura se establece en defensa de las leyes y la Constitución, evitando que se vulneren por presiones externas o intentos de manipulación.

El viceministro Juan Manuel Rosario subrayó que se mantendrán firmes en la posición de hacer cumplir las leyes de inmigración vigentes, sin permitir que la presión externa influya en su toma de decisiones. Destacó que el respeto a la legislación nacional es fundamental para garantizar la paz social y la seguridad en la República Dominicana. La negativa a autorizar la marcha de la diáspora haitiana se presenta como una medida para proteger el orden interno y evitar posibles conflictos derivados de un incumplimiento de las normas migratorias establecidas.

El Ministerio de Interior y Policía está comprometido con mantener el control sobre la entrada y permanencia de extranjeros en el país, asegurando que se respeten las leyes y las regulaciones establecidas en materia migratoria. La postura de negar la autorización para la marcha de la diáspora haitiana forma parte de este enfoque, con el objetivo de garantizar el orden y la legalidad en el país. Se destaca la importancia de respetar las leyes y la Constitución para mantener la estabilidad y la seguridad en la República Dominicana, evitando que presiones externas afecten las decisiones gubernamentales en materia migratoria.

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