El Gobierno de la República Dominicana no ha dado respuesta a las demandas de Amnistía Internacional que hace un llamado para detener las presuntas violaciones de los derechos humanos dirigidas hacia personas haitianas, dominicanos de ascendencia haitiana y de raza negra en la aplicación de sus políticas migratorias, que la organización considera racistas. El diario El Nacional intentó contactar a diferentes autoridades, como Homero Figueroa, Antoliano Peralta, Daniel García Archibald, Jesús Vásquez -Chu-, y Roberto Álvarez, quienes no se pronunciaron sobre el tema. Por otro lado, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, informó que no ha recibido ninguna carta o información por parte del organismo internacional sobre posibles vulneraciones de derechos de aquellos ciudadanos que son detenidos y deportados por las autoridades dominicanas.
Amnistía Internacional envió una carta abierta al presidente Luis Abinader y a instituciones estatales, en conjunto con otras organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que señalan que las políticas migratorias de República Dominicana se basan en la discriminación racial y generan efectos discriminatorios que llevan a la exclusión de personas haitianas y dominicanas. El gobierno dominicano ha reportado la deportación de más de 250,000 personas haitianas en 2023, lo cual incluye a individuos que podrían necesitar protección internacional. Estas expulsiones colectivas representan una clara violación de las obligaciones internacionales del país y ponen en peligro la vida y los derechos de las personas afectadas. Amnistía Internacional insta a cesar los retornos forzados a Haití.
La exclusión de las personas negras de origen haitiano y dominicano es el resultado de políticas migratorias discriminatorias, incluyendo detenciones y expulsiones masivas de personas haitianas, incluso de menores y mujeres embarazadas o en período posparto. La organización destaca que la suspensión de todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residen en el país ha tenido consecuencias significativas, afectando a familias que se encuentran separadas y dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, menciona que estas acciones violan las leyes internacionales y ponen en grave riesgo los derechos y vidas de estas personas, por lo que es crucial poner fin a estas prácticas.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, señaló que su oficina está abierta para recibir a todos los ciudadanos y organismos que consideren que sus derechos han sido vulnerados, pero también destaca que el gobierno dominicano tiene derecho a implementar sus políticas migratorias conforme a las leyes establecidas en la constitución. Ulloa reconoce la difícil situación que enfrentan los haitianos y ha abogado por una solución que involucre a la comunidad haitiana para hacer frente a la crisis humanitaria que se vive en la región. Sin embargo, Amnistía Internacional y otras organizaciones insisten en que las políticas migratorias actuales generan discriminación racial y deben ser modificadas para proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su origen étnico o nacionalidad.
Las medidas implementadas por el gobierno dominicano han traído consecuencias negativas para la población haitiana y dominicana de ascendencia haitiana, afectando a familias y generando incertidumbre en cuanto a su situación migratoria. Las organizaciones internacionales instan a cesar las expulsiones colectivas y a respetar los derechos de las personas, garantizando un trato justo e igualitario sin importar su origen étnico. La comunidad internacional está atenta a la respuesta del gobierno dominicano ante estas acusaciones de violaciones de derechos humanos, esperando que se tomen medidas para proteger a todas las personas en el país y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales. La presión internacional continúa en aumento para que se aborde esta situación de manera urgente y se protejan los derechos de las poblaciones afectadas por las políticas migratorias discriminatorias.
