El gobierno dominicano ha rechazado firmemente las acusaciones de implementar políticas migratorias racistas, luego de críticas de Amnistía Internacional (AI). La Vicepresidenta Raquel Peña enfatizó el compromiso del país en defender su soberanía, afirmando que las organizaciones internacionales pueden expresar sus opiniones, pero deben respetar la soberanía nacional y sus políticas, las cuales asegura que nunca han perjudicado a los inmigrantes, independientemente de su origen.
Amnistía Internacional emitió una declaración resaltando la urgente necesidad de que las instituciones dominicanas aborden el perfil racial, el racismo estructural y la discriminación, especialmente contra los migrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana. La organización solicitó políticas migratorias que respeten la dignidad y los derechos humanos de todos los individuos. A pesar de las preocupaciones internacionales, la República Dominicana ha continuado con las deportaciones de migrantes haitianos, convirtiéndose en el país líder en deportar haitianos desde 2022. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 208,000 haitianos fueron deportados en 2023, incluyendo a más de 20,000 menores. Amnistía Internacional criticó estas expulsiones, citando violaciones al principio de no devolución y el derecho de asilo. Ana Piquer, directora de AI para las Américas, instó al nuevo gobierno dominicano bajo el presidente Luis Abinader a comprometerse a abordar los desafíos de derechos humanos documentados en los últimos meses.
