Según algunos analistas, el presidente Luis Abinader y sus predecesores han preferido postergar una reforma fiscal que aumente los impuestos a la población debido al costo político que conlleva. Se ha señalado que esta decisión podría llevar a la "sepultura política" del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de cara a las elecciones de 2028. Aunque Abinader ha afirmado que no buscará la reelección, el PRM enfrentará el desafío de mantener el poder con un nuevo candidato en el futuro.

El consultor en negociación Nelson Espinal Báez considera que la retirada de la propuesta de reforma fiscal fue una respuesta táctica para evitar una crisis política y mantener la estabilidad social. Algunos analistas ven esta decisión como una gestión de riesgos más que como una concesión populista. Sin embargo, la socióloga Rosario Espinal cree que Abinader retiró la propuesta porque no existía un verdadero interés en aprobarla.

El aumento del gasto público fue uno de los aspectos que generó rechazo hacia la reforma fiscal entre aquellos que participaron en las vistas públicas ante el Congreso Nacional. Los expertos coinciden en que el gobierno debe reducir sus gastos antes de imponer nuevas cargas a la ciudadanía. Se sugiere que al reducir los gastos el gobierno ganaría autoridad moral para proponer nuevas imposiciones.

Según algunos expertos, el análisis detallado de los gastos del gobierno y la reconfiguración del proceso de reforma fiscal, incluyendo a actores clave, podrían ayudar a legitimar el proceso y mejorar la percepción pública. Se destaca la importancia de que la élite económica del país haya tomado conciencia de la necesidad de una reforma fiscal, lo que podría contribuir a construir un consenso más amplio para avanzar en el desarrollo económico.

En resumen, la decisión de postergar una reforma fiscal en República Dominicana se debe al costo político que implica aumentar los impuestos a la población. Sin embargo, expertos señalan que el gobierno debe reducir sus gastos excesivos antes de imponer nuevas cargas a los ciudadanos. Se destaca la importancia de involucrar a actores clave en el proceso de reforma para legitimarlo y mejorar la percepción pública.

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