El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) expresaron su preocupación por el proyecto de Código Penal aprobado en segunda lectura por el Senado dominicano. Según estas instituciones, el nuevo proyecto de ley contiene artículos que representan un retroceso significativo y violan leyes vigentes relacionadas con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como la violencia intrafamiliar. En una carta dirigida a la Cámara de Diputados, señalaron específicamente los artículos 121, 122, 123, 235, 236, 237 y 238 del proyecto, proponiendo modificaciones, sustituciones y/o eliminaciones de ciertos textos.
El GANA y el Conani expresan su alarma ante el párrafo III del artículo 123 del proyecto de ley, el cual plantea que no se considerará violencia intrafamiliar la corrección y disciplina a los hijos realizada por los padres o tutores siempre que no haya violencia o abuso físico. Este enfoque va en contra de lo establecido en la Ley 136-03, que garantiza el derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo el respeto a su dignidad y la protección de su integridad física, psíquica, moral y sexual. Además, contradice la responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad de proteger a los menores contra cualquier forma de explotación o maltrato.
Las sugerencias realizadas por el GANA y el Conani se basan en la observación general número 8 (2006) del Comité sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles y degradantes. Estas instituciones enfatizan que el país también estaría desconociendo la evidencia científica acumulada sobre el impacto negativo del maltrato en el desarrollo de niños y adolescentes, que puede afectar su funcionamiento cerebral y emocional en la adultez. Por lo tanto, es fundamental prohibir el castigo corporal y promover formas de disciplina alternativas.
En última instancia, el GANA y el Conani hacen un llamado a los legisladores para que consideren las observaciones realizadas y realicen ajustes necesarios para lograr un Código Penal consensuado y acorde a los derechos y protección de niños, niñas y adolescentes. Instan a que se eliminen los aspectos que contradicen la legislación nacional y los compromisos internacionales relacionados con la protección de los menores. Es fundamental que se garantice un marco legal que promueva un entorno seguro y protector para la infancia en República Dominicana.
