República Dominicana se destaca por tener una gran cantidad de ministerios en comparación con otros países de la región y del mundo. A pesar de no encontrarse en la cima en términos de población, territorio o actividad productiva, el país lidera en cantidad de instituciones estatales. El Poder Ejecutivo dominicano cuenta con 23 ministerios y una Procuraduría General autónoma, lo que lo ubica por encima de naciones con condiciones similares como Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador.
Incluso al compararse con algunos países de Europa, República Dominicana supera la media en cantidad de ministerios. Por ejemplo, Portugal y Hungría, con poblaciones y territorios similares, cuentan con menos ministerios que la isla caribeña. La estructura gubernamental dominicana se asemeja a la de potencias mundiales como Estados Unidos y Rusia, que a pesar de tener mayores PIBs y poblaciones, tienen menos ministerios que la República Dominicana.
Los ministerios a nivel mundial son los encargados de implementar las prioridades y metas gubernamentales establecidas por el Plan de Gobierno, y en base a estas, elaboran su planificación estratégica. En República Dominicana, hubo cambios en la denominación de los órganos administrativos en el año 2010, pasando de Secretarías de Estado a Ministerios. La creación de nuevos ministerios en el país ha generado debates sobre su eficiencia y eficacia en la administración pública.
En los últimos años, el gobierno dominicano ha estado trabajando en un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia. Esta iniciativa busca reorganizar las competencias del gobierno en el sector judicial con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia en la administración de justicia. El presidente Luis Abinader ha anunciado la posibilidad de eliminar algunas instituciones existentes para crear nuevas, adaptándose a las nuevas necesidades de la sociedad dominicana.
La propuesta de crear un Ministerio de Justicia en República Dominicana ha generado un amplio debate y la participación activa de diversos sectores. Este nuevo organismo sería responsable de coordinar y administrar funciones actualmente distribuidas en diferentes entidades del sistema judicial, centralizando y optimizando la gestión de funciones registrales y servicios a la ciudadanía. Estas iniciativas formarían parte de las decisiones de una nueva gestión enfocada en reducir la duplicidad de funciones, la ineficiencia y los costos estatales.