El director general de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, atribuye un incidente en el Recinto Penitenciario de Azua a una falta de protocolo. Un reo murió y el director de la cárcel resultó herido tras el interno tomar al oficial de rehén en su oficina en un confuso hecho que se investiga. Hernández Basilio destacó que el Ministerio Público está investigando el incidente y reveló que el reo Deiby Ramírez (Yembron) ingresó a la oficina del coronel Bidó con un arma, provocando un forcejeo entre ambos.
Después del incidente, un equipo de negociadores de alto nivel intentó durante más de dos horas convencer al recluso de liberar al coronel Bidó, que continuaba secuestrado, pero finalmente el recluso fue ejecutado. Hernández Basilio resaltó que se trató de un proceso de negociación para salvaguardar la vida del interno y del coronel, pero que los agentes de alto nivel involucrados en la persuasión del secuestrador se vieron en la necesidad de usar la fuerza. Destacó la importancia de la ley 113-01 como nuevo marco jurídico para el reglamento de centros penitenciarios, unificando el sistema penitenciario a los preceptos del llamado "Nuevo modelo penitenciario".
En relación a la reforma constitucional del año 2010, Hernández Basilio mencionó que se le da un enfoque distinto al sistema penitenciario, con la prioridad de reformar a los individuos de cara a la reinserción carcelaria. Destacó que el objetivo no es solo apartar a los antisociales de la sociedad, sino reformarlos y devolverlos en condiciones que les permitan convivir. En cuanto a la sobrepoblación carcelaria en la República Dominicana, el funcionario informó que el nivel de hacinamiento en los centros del país es del 162 por ciento y que un gran porcentaje de los presos continúa durmiendo en el suelo.
Hernández Basilio aseguró que los centros penitenciarios pendientes de entrega aportarán unas 9,500 nuevas celdas para privados de libertad, lo que ayudará a reducir significativamente la sobrepoblación. La responsabilidad de la entrega de estas obras recae en el Ministerio de la Vivienda (MIVED), explicando que la tardanza en los recintos en construcción se debió a nudos legales que surgieron tras procesos de investigación de la Procuraduría General de la República, que según él ya no existen. El objetivo es eliminar el déficit de celdas en los próximos 18 meses y convertirse en el primer país en Latinoamérica en eliminar la sobrepoblación penitenciaria.
