El director de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, ha ofrecido una serie de observaciones sobre un proyecto de ley propuesto por la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, liderada por el diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo. El proyecto tiene como objetivo establecer procedimientos de liberación para presos con condiciones de salud especiales y avanzada edad. Santos enfatizó varios puntos críticos que considera deben abordarse para garantizar la equidad y efectividad del proyecto, como la inclusión de enfermedades mentales y edad avanzada como criterios válidos para la liberación, además de enfermedades terminales.
El director cuestionó la delegación de la aplicación de la ley a la Fiscalía, argumentando que su rol acusatorio podría comprometer su objetividad. También se opuso a la exclusión automática de individuos condenados por ciertos delitos, como graves delitos o corrupción administrativa, argumentando que todas las personas deberían tener igualdad de oportunidades bajo el principio de justicia social. Propuso reducir el período de seis meses establecido para el programa especial de liberación, reconociendo la urgencia en casos de salud crítica y criticó el criterio de buena conducta como requisito para la liberación por motivos de salud.
Santos también enfatizó la necesidad de aplicar correctamente las regulaciones actuales sobre el pago de multas, sin condicionar la liberación a la capacidad financiera del individuo. Finalmente, consideró que el requisito de cartas de recomendación de entidades o comunidades para la liberación relacionada con la salud es innecesario. Aunque reconoció la importancia de la iniciativa como un paso hacia el respeto a la dignidad de los privados de libertad, instó a que se consideren estas observaciones para mejorar el proyecto y garantizar su efectividad y equidad.
Es fundamental abordar estos puntos para garantizar que el proyecto de ley sea equitativo y efectivo en su implementación. Santos destaca la importancia de incluir enfermedades mentales y edad avanzada como criterios válidos para la liberación, así como la necesidad de reducir el período establecido para el programa especial de liberación. También señala la importancia de no condicionar la liberación a la capacidad financiera del individuo y de no requerir cartas de recomendación para la liberación por motivos de salud.
La crítica al papel de la Fiscalía en la aplicación de la ley y la objeción a la exclusión automática de ciertos delincuentes demuestran la preocupación por la equidad y la justicia social. Santos insta a que se revisen estos aspectos para mejorar el proyecto y garantizar que todos los individuos tengan igualdad de oportunidades en el proceso de liberación. Estas observaciones son esenciales para fortalecer el proyecto y lograr un sistema de liberación justo y efectivo para aquellos con condiciones de salud especiales y avanzada edad.
