El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha solicitado a la Dirección de la Policía Nacional un informe sobre las muertes de personas en conflicto con la ley penal en supuestos intercambios de disparos que involucran agentes de la institución. Entre los detalles exigidos en el informe se incluye la cantidad de investigaciones iniciadas por la Dirección de Asuntos Internos por indicios de uso excesivo de la fuerza de sus miembros y la cantidad de miembros sometidos a la acción de la justicia por la existencia de elementos de prueba que indiquen excesos en su actuación. El órgano constitucional puso como ejemplo el caso de un adolescente fallecido en Monte Plata y otros ciudadanos abatidos por los miembros de la institución del orden.
Pablo Ulloa expresó su preocupación por la velocidad con la que se difunde esta información en los medios de comunicación, lo que dificulta que la ciudadanía pueda formarse una opinión adecuada sobre el uso proporcional de la fuerza letal en una sociedad democrática. Según Ulloa, el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional debe ser lícito y proporcional, siguiendo criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. La Ley Orgánica de la Policía Nacional establece que la actuación proporcional es un principio fundamental, y la Dirección de Asuntos Internos tiene la atribución de investigar las inconductas y el uso excesivo de la fuerza por parte de los servidores policiales.
En virtud de la Ley que creó el Defensor del Pueblo, se requiere a la Policía Nacional un informe detallado sobre las medidas adoptadas hasta el momento en relación con casos específicos, como la muerte de un adolescente en Monte Plata y la cantidad de fallecidos en el 2024 durante actuaciones policiales. El Defensor del Pueblo reconoce la labor de la Policía en garantizar la paz y seguridad de la ciudadanía, pero considera necesario que las acciones de la institución se realicen respetando los derechos establecidos en la Constitución. Se otorgó un plazo de 30 días para que la Policía entregue la información solicitada en cumplimiento de la ley 19-01.
Según investigaciones de Diario Libre, hasta el 18 de septiembre pasado, se registraban al menos 100 presuntos delincuentes muertos por agentes de la Policía Nacional en lo que va del año, muchos de ellos al enfrentarse a las patrullas que los perseguían para presentarlos ante la justicia. Esta situación ha generado preocupación en la sociedad dominicana y ha llevado al Defensor del Pueblo a solicitar un informe detallado sobre estas muertes y el uso de la fuerza letal por parte de la institución. Es importante que se garantice que las acciones policiales respeten los derechos humanos y sean realizadas de manera proporcional y adecuada.
En el documento dirigido a la Policía Nacional, se hace hincapié en la importancia de investigar cualquier indicio de uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de la institución, así como en la necesidad de garantizar la transparencia y el respeto a los derechos de todas las personas involucradas en situaciones de conflicto con la ley penal. El Defensor del Pueblo busca asegurar que las actuaciones policiales se realicen respetando los principios de proporcionalidad y legalidad, de manera que se garantice la seguridad de la ciudadanía sin vulnerar sus derechos fundamentales. Es fundamental que se respeten los protocolos y procedimientos establecidos en la legislación nacional para garantizar un uso adecuado de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
