El Contralor General de la República, Félix Santana García, advirtió que las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos serán muy estrictas con quienes violen este procedimiento legal. Santana García es miembro de la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio creada por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 343-22 del 6 de julio de 2022. Este decreto ordena a la Contraloría General de la República no autorizar la inclusión en nómina pública de los funcionarios del Poder Ejecutivo que no cumplan con el requisito establecido en la Ley 311-14. La comisión presidida por Milagros Ortiz Bosch tiene la atribución de recomendar sanciones contra los funcionarios que violen la obligación de presentar declaraciones juradas de patrimonio.
La Ley 311-14 obliga a los funcionarios a presentar una lista de su patrimonio y el de la comunidad conyugal a su entrada y salida de sus funciones. Aquellos que no presenten la declaración de sus bienes incurren en faltas graves sancionadas con la destitución del cargo según la Ley 41-08 de Función Pública. El Contralor también informó que actualmente están en proceso 90 auditorías, de las cuales 20 serán publicadas próximamente. Destacó el interés tanto de los nuevos alcaldes como de los salientes en que se les practiquen auditorías a la gestión que llevaron a cabo para recibir o entregar las finanzas de los ayuntamientos saneadas.
En otro orden de ideas, la Cámara de Cuentas informó que a los funcionarios municipales que no realizaron la declaración jurada patrimonial se les retendrá el salario, luego de que finalizara el plazo para realizar esta declaración. La Contraloría General de la República continúa fiscalizando el buen uso de los recursos del Estado y se encuentra realizando auditorías tanto a nivel municipal como a nivel nacional. El programa de fortalecimiento de las capacidades de persecución de los principales hechos penales, con énfasis en la criminalidad organizada, la corrupción administrativa y la violencia de género, fue lanzado con el objetivo de combatir estos delitos de manera efectiva.
Santana García enfatizó que las nuevas autoridades municipales han mostrado interés en ser auditadas para garantizar una gestión transparente y eficiente. La constante vigilancia de la Contraloría General de la República busca garantizar el adecuado uso de los recursos públicos y combatir la corrupción en todos los niveles de la administración. Las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos seguirán siendo muy estrictas con aquellos que no cumplan con este requisito legal. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales.
