El Congreso se prepara para una intensa semana de trámites legislativos, con la discusión de varias reformas propuestas por el Poder Ejecutivo, así como la evaluación de los aspirantes para integrar la nueva Junta Central Electoral (JCE). Entre las reformas pendientes se encuentran la constitucional, laboral y fiscal, presentadas en los últimos dos meses del mandato del presidente Luis Abinader.
La reforma constitucional, que será debatida en una segunda lectura por la Asamblea Nacional, incluye cambios como la unificación de las elecciones, la reducción de la matrícula de diputados, un nuevo método para escoger al Procurador General de la República y una cláusula que impediría a Abinader presentarse a un tercer mandato. A pesar de la falta de apoyo de la oposición, el oficialista PRM cuenta con los votos necesarios para aprobar las modificaciones a la carta magna.
Otro proyecto en discusión es la reforma fiscal, que reorganiza los tributos en el país y ha generado defensa por parte de los funcionarios, pero rechazo por parte de la oposición y sectores económicos. Se realizarán vistas públicas convocadas por la Cámara Baja para discutir esta propuesta. También se evaluarán más de 100 aspirantes que buscan ser miembros titulares de la Junta Central Electoral a través de jornadas completas de entrevistas durante la semana.
Además, una comisión del Senado y otra de la Cámara de Diputados estudiarán la propuesta de reforma laboral y el proyecto de Presupuesto del Estado para el 2025 respectivamente. La reforma laboral, presentada por el Ministerio de Trabajo, incluye aspectos como la inclusión del teletrabajo y trabajo doméstico. La oposición ha criticado la premura con la que se plantean estas reformas, argumentando que no dan tiempo suficiente para un análisis adecuado.
Los voceros de la Fuerza del Pueblo en el Senado y la Cámara de Diputados han expresado su preocupación por la rapidez con la que el Gobierno busca aprobar estas reformas, afirmando que se está sometiendo a los ciudadanos a un hostigamiento de medidas que no permiten un análisis adecuado. Destacan la importancia de realizar estudios especiales para ponderar estas iniciativas, lo cual es imposible dada la velocidad con la que se están presentando los proyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo.