El Congreso Nacional de la República Dominicana aprobó recientemente una modificación al artículo 11 de la Ley 11-92, que establece el Código Tributario del país. Esta modificación busca fortalecer la responsabilidad solidaria de diversas personas y entidades en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ampliando la gama de situaciones y sujetos involucrados. Se agregaron nueve literales que establecen el grado de responsabilidad fiscal de los accionistas o socios de una persona jurídica, así como otros elementos relacionados con el pago de deudas con el Estado.

La ley modificada establece que cuando dos o más personas o entidades estén involucradas en un mismo acto, hecho o situación que genere obligaciones tributarias, todas serán consideradas contribuyentes por igual y estarán obligadas solidariamente al pago del tributo en su totalidad. La responsabilidad solidaria tributaria es de naturaleza legal y solo aplica a aquellas personas expresamente atribuidas por la ley, sin necesidad de declaraciones por parte de la administración. Entre los posibles responsables solidarios se encuentran padres, tutores, mandatarios, alcaldes, socios en liquidación, agentes de retención, entre otros.

Las personas o entidades contra las cuales se invoque la responsabilidad solidaria podrán utilizar los mismos derechos de defensa que los contribuyentes principales, teniendo a su disposición los recursos establecidos en el código tributario. Los garantes responden con sus propios bienes y de manera solidaria con el contribuyente por el pago de tributos, intereses e indemnizaciones. La obligación principal puede ser exigida tanto al deudor principal como a los responsables solidarios identificados, y el pago realizado por uno de los sujetos libera a los demás.

La modificación normativa entrará en vigencia una vez sea promulgada por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y posteriormente publicada en medios impresos. Establece que los actos, hechos o situaciones en los que intervenga una persona o entidad puedan también ser atribuidos a otra persona o entidad con la cual tengan vinculaciones económicas o jurídicas. Esta reforma busca fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y garantizar una mayor responsabilidad y transparencia en el sistema fiscal del país.

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