El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), representado por Trajano Vidal Potentini, presentó un anteproyecto de ley en el Congreso Nacional para la aprobación de la ley de referendo en el país. Esta ley permitiría a los ciudadanos decidir mediante votación si aceptan las tres causales que permitirían la interrupción del embarazo en casos extremos. En una reciente sesión, el Senado aprobó un proyecto de Código Penal que no contempla la despenalización del aborto en situaciones donde la vida de la madre esté en peligro, cuando el feto no sea viable o cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto. Vidal Potentini considera que un referendo sería el mecanismo adecuado para conocer la opinión general de los dominicanos sobre las tres causales y garantizar la promulgación del proyecto de Código Penal.
Vidal Potentini afirma que el tema de las tres causales es complejo y con diversas aristas religiosas, ideológicas y sociológicas, que requiere una solución legal y democrática. El debate sobre la interrupción del embarazo ha mantenido al Congreso en una posición ambivalente, considerando posibles costos políticos. El abogado considera que el referendo es la mejor forma de abordar este tema y evitar que el proceso para la creación de un nuevo Código Penal se vea obstaculizado por la discusión sobre las causales del aborto.
Un referendo es un procedimiento que somete al voto popular la ratificación de leyes o actos administrativos. A pesar de que la constitución dominicana de 2010 requiere una ley de referendo, el Congreso aún no ha aprobado ningún proyecto al respecto. El único proyecto de ley para implementar el referendo en el país se encuentra en estudio desde el año 2022 en la comisión de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados. El Colegio de Abogados también propuso modificaciones al proyecto del Código Penal, incluyendo la imprescriptibilidad de la corrupción y la despenalización de los delitos de opinión pública.
El gremio de abogados propone que los delitos de corrupción no tengan límites temporales para su persecución, como sí contempla el proyecto actual del Código Penal que establece un plazo de 20 años para la caducidad de los delitos. Además, sugiere la despenalización de los delitos de opinión pública. El proyecto de ley del Código Penal ya ha sido aprobado en dos lecturas en el Senado y se encuentra en manos de la Cámara de Diputados, que decidirá su tratamiento en una sesión programada para este martes. El Colegio de Abogados busca que estas propuestas sean consideradas en el proceso legislativo para mejorar la normativa penal en el país.
