La aprobación del proyecto de ley que modifica el Código Penal ha generado divisiones ideológicas entre legisladores, la sociedad civil y actores del Gobierno. Mientras el liderazgo del Congreso defiende la prisa con que se ha votado la pieza, las opiniones en el Congreso están divididas entre corrientes políticas que buscan convertir en ley el proyecto argumentando la necesidad de una legislación moderna y aquellos que se oponen por considerar que viola derechos fundamentales. Entre los puntos conflictivos del proyecto se encuentran la exclusión de la orientación sexual como causa de discriminación, la no consideración de relaciones no consentidas dentro del matrimonio como violación sexual, y la necesidad de penetración para considerar una violación.
El proyecto de ley ha sido criticado por la creación de jurisdicciones militares, la penalización del aborto, la violencia como método de disciplina a los niños y la prescripción de la corrupción. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió la rápida aprobación del proyecto argumentando que la normativa judicial actual es obsoleta para responder a los cambios de la sociedad. Se comprometió a revisar cualquier cambio que la Cámara de Diputados introduzca al proyecto para asegurar que sea enviado al Poder Ejecutivo antes del 25 de julio, fecha en la que concluye la legislatura de trabajo en el Congreso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, también estuvo de acuerdo en que el proyecto debe ser llevado sin prisa, a pesar de haber sido aprobado en primera lectura sin ser estudiado previamente. Se ha acordado la conformación de una comisión especial de diputados que se encargará de revisar el proyecto antes de someterlo a su aprobación final. Todo el proceso de estudio en comisiones, posibles modificaciones y consulta pública se llevará a cabo antes del 25 de julio, momento en el que comenzará una pausa hasta que los nuevos legisladores tomen posesión el 16 de agosto.
Las críticas hacia el proyecto, especialmente por sectores feministas, han sido reconocidas por el legislador perremeísta, quien ha destacado que todas las organizaciones tienen derecho a expresar su opinión al respecto. La propuesta de modificación del Código Penal Dominicano sigue generando debate y controversia en la sociedad y entre los actores políticos, y se espera que continúe siendo analizada y discutida en los próximos meses. La importancia de garantizar que la legislación refleje los valores y derechos fundamentales de la sociedad dominicana ha sido uno de los puntos clave en las discusiones en torno a este tema.
