Juan Miguel Castillo Pantaleón, un destacado abogado, ha alertado sobre los riesgos que implica la participación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en los asuntos de inmigración de la República Dominicana. Destacó la significativa participación de la OIM en proponer el establecimiento de campamentos de refugiados, cada uno con capacidad para albergar al menos 90,000 haitianos, en provincias fronterizas. Castillo Pantaleón rechazó la noción planteada por la OIM de que su enfoque principal es ayudar a los migrantes venezolanos, calificándolo de falsedad. Argumentó que las acciones de la organización han estado consistentemente orientadas a promover la migración haitiana, a menudo excediendo su mandato al asumir roles normalmente reservados para el Estado dominicano. Criticó a la OIM por abrir oficinas sin la autorización adecuada y por no proporcionar información a las autoridades pertinentes.
Expresando preocupación por la creciente interferencia de la OIM en las políticas migratorias, Castillo Pantaleón resaltó el papel de la organización en el diseño del Plan para el Manejo de Flujos Masivos de Inmigrantes. Él, junto con otros, desafió la legalidad del plan ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), objetando especialmente el establecimiento de campamentos de refugiados, que consideró inconstitucional. Castillo Pantaleón subrayó la precaria situación planteada por Haití, un estado fallido con altos niveles de migración y bajos indicadores de desarrollo humano. Criticó a la OIM por agravar los problemas de migración en la República Dominicana, haciendo hincapié en la necesidad de un enfoque más equilibrado que priorice los intereses de los países de destino y los migrantes por igual.
Además, Castillo Pantaleón expresó preocupaciones sobre violaciones de los derechos humanos, especialmente en colaboración con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Reveló que el Plan de Contingencia para Flujos Masivos de Inmigrantes, que podría comprometer la integridad territorial de la isla, fue financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Habiendo desempeñado un papel importante en la conformación de las leyes y regulaciones de inmigración en la República Dominicana, Castillo Pantaleón instó a reevaluar la participación de la OIM en asuntos de inmigración para garantizar el cumplimiento de los principios legales y constitucionales.
