La gestión administrativa del Estado dominicano, dirigida por el PRM desde agosto de 2020, generó expectativas de cambio en cuanto a erradicar prácticas irregulares heredadas del PLD. Una de esas prácticas es el llamado "barrilito", un fondo de asistencia social creado en 2006 para que los legisladores dispongan de recursos discrecionales sin tener que rendir cuentas. Este fondo cuesta al Estado más de 252 millones de pesos al año. A pesar de promesas de campaña de algunos senadores de eliminar el barrilito, la mayoría continúa recibiendo estos fondos, incluyendo la senadora Ginette Bournigal, quien los destina a asistencias sociales en su demarcación.
En 2021, el presidente Luis Abinader se mostró en contra del barrilito y manifestó su intención de eliminarlo. Sin embargo, hasta la fecha, la Dirección Financiera del Senado sigue depositando estos fondos en las cuentas corrientes de los senadores, justificándolo como recursos para asistencias sociales. A pesar de la oposición de algunos legisladores, como Faride Raful, quien presentó un proyecto para erradicar el barrilito en 2020, la mayoría de los senadores defienden su autonomía presupuestaria y financiera. La Fundación DEECIR elevó una acción de inconstitucionalidad contra el barrilito, pero el Tribunal Constitucional la declaró inadmisible al considerar que es un fondo público del Senado.
La falta de eliminación del barrilito ha sido un tema de debate recurrente en la opinión pública dominicana. A pesar de las promesas de algunos legisladores y del respaldo del presidente Abinader, la mayoría de los senadores continúan recibiendo estos fondos sin rendir cuentas claras sobre su uso. La senadora Ginette Bournigal justifica el uso del barrilito para ayudar a personas de su demarcación en asuntos médicos, pagos de recetas, clases de computadoras y otros gastos. A pesar de los esfuerzos de algunos legisladores por erradicar el barrilito, como Faride Raful, la resistencia de otros compañeros y la defensa de la autonomía del Senado han hecho que la eliminación de este fondo irregular no se concrete hasta la fecha.
El debate sobre el barrilito en la República Dominicana ha generado opiniones divididas entre legisladores y la sociedad en general. Mientras algunos senadores defienden su uso como fondos para asistencias sociales en sus demarcaciones, otros consideran que es una práctica irregular que debe ser eliminada. La resistencia de algunos legisladores a eliminar el barrilito, alegando su autonomía presupuestaria y financiera, ha impedido que se cumplan las promesas de campaña de erradicar esta erogación millonaria. A pesar de los esfuerzos de organizaciones como DEECIR por impugnar el barrilito, las decisiones del Tribunal Constitucional han sido en favor de los senadores, quienes tienen la potestad de decidir sobre su uso. En agosto próximo, la gestión administrativa actual agotará su periodo sin haber cumplido con la eliminación de esta práctica irregular, dejando una deuda pendiente con la sociedad dominicana.
