El abogado y político Ángel Lockward devolvió de manera voluntaria 220 millones de pesos a la Procuraduría General de la República en el caso Calamar. Se estableció un acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) debido al conocimiento de pagos de comisiones a sociedades de Fernando Crisóstomos por parte de clientes de Lockward, lo cual contaminó sus ingresos. También se mencionó la transferencia de una propiedad a Agustín Mejía.
El abogado defensor Nolberto Rondón destacó que, en sus oficinas, solo se realizaron cesiones de crédito relacionadas con sus honorarios, mientras que las relacionadas con sociedades comerciales o empleados de Crisóstomos fueron notariadas por Rudy Nelson Frías. Según el escrito de defensa, los bienes inmuebles adquiridos recientemente que figuran en la acusación en realidad fueron comprados en los años 2005, 2008 y 2015. Estos bienes se entregaron para cumplir con los acuerdos y para descongelar los activos de Lockward de acuerdo con el sistema de justicia actual.
La defensa recomendó a Lockward negociar como única forma de lograr el desbloqueo de las oposiciones que pesan sobre sus clientes con sentencias obtenidas y no pagadas. La oficina de Lockward intervino en menos del 30% de los casos investigados y en la mayoría de ellos logró ganar el caso mediante sentencias irrevocables ante la jurisdicción contenciosa. El abogado Rondón concluyó que la recomendación de la barra de defensa fue negociar un acuerdo con la Procuraduría como solución constitucional y legal para poner fin a los conflictos penales que acarrean costos difíciles de pagar y daños de imposible reparación.
En el caso Calamar, Lockward devolvió 220 millones de pesos a la Procuraduría de forma voluntaria, en un acuerdo establecido con la PEPCA. Se mencionó el conocimiento de pagos de comisiones a sociedades de Fernando Crisóstomos por parte de clientes de Lockward, lo que contaminó sus ingresos. La defensa destacó que solo se realizaron cesiones de crédito relacionadas con honorarios en las oficinas de Lockward, mientras que las relacionadas con sociedades comerciales o empleados de Crisóstomos fueron notariadas por Rudy Nelson Frías. Los bienes inmuebles adquiridos recientemente que figuran en la acusación en realidad fueron comprados en años anteriores y se entregaron para descongelar los activos de Lockward según el sistema de justicia actual.
El abogado Rondón recomendó a Lockward negociar un acuerdo con la Procuraduría como única forma de lograr el desbloqueo de las oposiciones que pesan sobre sus clientes con sentencias no pagadas. La oficina de Lockward intervino en menos del 30% de los casos investigados y logró ganar el caso en la mayoría de ellos mediante sentencias irrevocables. La barra de defensa recomendó negociar un acuerdo con la Procuraduría como solución constitucional y legal para poner fin a los conflictos penales que acarrean costos difíciles de pagar y daños difíciles de reparar.
