La propuesta de reforma al gasto público va más allá de mejorar la gestión del Estado, podría ser una estrategia del Gobierno para preparar a la ciudadanía ante los cambios impositivos que se avecinan. Según Haivanjoe NG Cortiñas, economista, esta estrategia busca que la población entienda que el Gobierno está reduciendo el gasto público para obtener apoyo o neutralizar la desaprobación por la reforma tributaria. Ciriaco Cruz, decano de Ciencias Económicas y Sociales, coincide en que los gobiernos suelen construir un relato antes de implementar cambios de gran envergadura como una reforma estructural que afecte los impuestos del país.
La fusión de consejos e instituciones a ministerios, así como la eliminación de entidades públicas, es vista como un avance en la gestión del Estado. Sin embargo, algunos economistas cuestionan si el Gobierno podrá lograr su meta de ahorrar 25,000 millones de pesos a través de estas operaciones. Nelson Suárez, experto en finanzas públicas, explica que gran parte del presupuesto de las instituciones que serían reformadas corresponde al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por lo que es necesario cubrir esos montos con el 4% del PIB destinado a la educación para lograr los ahorros reales prometidos.
Miguel Collado Di Franco, vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, señala que las autoridades deben informar a la población sobre los procesos de fusión o eliminación de instituciones y ser transparentes en cuanto a los ahorros generados en gastos administrativos y de personal. Aunque la propuesta representa un avance, los 25,000 millones de pesos de ahorro apenas alcanzan el 0.3% del PIB estimado por el Gobierno para 2025. Para una reducción efectiva del gasto público, se plantea la necesidad de cambiar la forma en que se elabora el presupuesto nacional, justificando cada peso asignado a cada ministerio.
Para Franklin Vásquez, consultor financiero, una reforma integral del gasto público requiere necesariamente una reducción de las nóminas, enfocándose en lograr mayor eficiencia administrativa. Sin embargo, NG Cortiñas advierte que la fusión de entidades podría aumentar el desempleo en el sector público, lo que impactaría negativamente en el crecimiento económico. En lugar de reducir personal, propone otras alternativas para reducir el gasto, como disminuir la publicidad estatal. Ante la reubicación de empleados y jubilaciones anunciadas por las autoridades, Ciriaco Cruz considera que más que una reducción de recursos, habrá un reordenamiento y repartición de salarios y nóminas entre las entidades fusionadas.
En resumen, la propuesta de reforma al gasto público no solo busca mejorar la gestión del Estado, sino que también podría servir como preparación para los cambios impositivos que se avecinan. A pesar de los avances en la fusión de entidades, algunos economistas cuestionan la viabilidad de lograr los ahorros propuestos y abogan por una mayor transparencia en los procesos. La reducción de nóminas es vista como un paso necesario para lograr eficiencia administrativa, aunque se plantea la necesidad de considerar cuidadosamente sus implicaciones en el empleo y el crecimiento económico.
