Dos economistas locales calificaron el presupuesto general del Estado del 2025 como un proyecto sin mucho esfuerzo, ya que el Gobierno recurrió a estrategias de años anteriores para planificar sus finanzas. Germania Montás, exsubdirectora de la DGII, señaló que el presupuesto mantiene la misma estructura que en años anteriores, con una presión tributaria estancada en 14 %, una presión fiscal de 15.3 % (menor que en 2024), un balance deficitario de 3 % del PIB y una necesidad bruta de financiamiento cercana al 5 % del PIB. Montás mencionó que el Gobierno no cuenta con ingresos adicionales, por lo que mantuvo un presupuesto para 2025 con una estructura similar a la de años anteriores.
La economista expresó su preocupación por la toma de decisiones en el presupuesto, destacando que los ingresos se estiman que crecerán al ritmo de la economía (8.9 %), mientras que los gastos totales programados aumentan en un 1.8 %. Sin embargo, lamentó la tendencia de reducir los gastos de capital, que esta vez disminuyen un 13 % respecto al 2024, mientras que los gastos corrientes aumentan solo un 2 %. Esto llevará a que la inversión pública se mantenga en niveles bajos, lo que la economista señaló como la más baja en más de 50 años. Además, Montás mencionó que el gasto en intereses por deuda pública y el asignado al Ministerio de Educación representan aproximadamente la mitad de los ingresos fiscales estimados.
Antonio Ciriaco, decano de la UASD, agregó que no se vislumbran cambios importantes entre los presupuestos de 2024 y 2025, con partidas inalteradas como el pago de intereses de la deuda pública, que representará alrededor del 3.6 % del PIB en 2025. En cuanto a la inversión pública, esta se situará en un 2.6 % del PIB, por debajo de lo demandado por la economía dominicana que debería estar entre el 4 % y el 5 % del PIB. Ciriaco también mencionó una adenda al presupuesto para satisfacer requerimientos del Colegio Médico Dominicano, lo que implica incrementos en algunos sectores, pero también disminuciones en otros y reprogramación de obras, afectando la inversión pública.
Ambos economistas destacaron que se cumplen las disposiciones de la regla de responsabilidad fiscal establecidas en la Ley 35-24 en el presupuesto de 2025, con una reducción de gastos primarios en un 0.8 % en comparación con el presupuesto vigente de 2024. La Ley busca disciplinar el gasto público, limitando el crecimiento del gasto primario a un máximo del 3 % anual o un 3 % más la inflación. Si se implementa correctamente, este mecanismo podría controlar el déficit del sector público y reducir el endeudamiento en los próximos años, estabilizando la deuda pública alrededor del 40 % del PIB a mediano y largo plazo.
