Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), sugiere que la administración del sector eléctrico sea transferida a empresas privadas para mejorar la eficiencia y reducir la carga financiera sobre el Estado. Propone despolitizar el sector eléctrico y dejar la función del Estado en la regulación, tal como sucede en Guatemala. Considera que esta medida aliviaría al gobierno del gasto en subsidios y aseguraría una gestión más eficiente y un mejor servicio.
Collado propone que la privatización comience con las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), a través de licitaciones nacionales e internacionales que garanticen la participación de empresas con reputación sólida. Destaca la importancia de asegurar una inversión seria y comprometida por parte de estas empresas, y no solo buscar extraer rentas. Argumenta que es fundamental establecer un sistema donde quienes no pagan por el servicio de electricidad, lo hagan de manera justa y equitativa.
El economista enfatiza que privatizar no significa simplemente transferir la gestión al sector privado, sino garantizar que las empresas inviertan y mejoren el servicio sin cargar a los contribuyentes con costos de ineficiencias y subsidios. Considera que eliminar los subsidios permitiría que el dinero de los contribuyentes se utilice de manera más eficiente. Actualmente, el Gobierno ha presupuestado transferir unos 86,845 millones de pesos al sector eléctrico durante este año, según el Presupuesto General del Estado.
Un análisis realizado por el Crees revela que el sector eléctrico presenta pérdidas significativas, destacando que las pérdidas totales alcanzan el 38.8%, las pérdidas de energía el 35.2% y la energía no cobrada el 3.6%. A pesar de esto, el estudio también mostró que la cobranza del servicio ha mejorado significativamente, con un índice superior al 95%. Collado atribuye las dificultades en el cobro de las facturas a fallas en el sistema de gestión y la falta de equipos y mecanismos efectivos de cobro.
El proceso de privatización del sector eléctrico no estará exento de desafíos, según Collado, pero insiste en que los beneficios superarán las dificultades. Destaca la importancia de atraer a empresas serias y comprometidas que estén dispuestas a invertir en la infraestructura y en la mejora del servicio. Considera que esta medida no solo mejorará la calidad del suministro eléctrico, sino que también liberará recursos públicos que podrán ser utilizados en otras áreas prioritarias para el desarrollo del país.
En resumen, Miguel Collado Di Franco defiende la privatización del sector eléctrico como una medida para mejorar la eficiencia y reducir la carga financiera sobre el Estado. Propone que la privatización comience con las empresas distribuidoras de electricidad y destaca la importancia de atraer a empresas serias y comprometidas para invertir en la infraestructura y mejorar el servicio. Considera que la eliminación de subsidios permitirá un uso más eficiente de los recursos públicos y resalta la necesidad de establecer un sistema de cobro justo y equitativo en el sector eléctrico.
