Al evaluar el contexto fiscal en la República Dominicana, el economista Haivanjoe Ng Cortiñas sugiere que no es necesaria una reforma fiscal para avanzar en la reducción de la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. En cambio, considera que es necesario realizar una reforma en el gasto público para que sea más productivo y beneficie a un mayor segmento de la población con menos ingresos monetarios.

El economista destaca que el gobierno ha logrado reducir la pobreza monetaria general y mejorar la distribución del ingreso, con la economía creciendo alrededor del 5.0%. Además, los riesgos fiscales se han reducido gracias a la disminución de la presión de la deuda pública y al aumento de las reservas internacionales netas, que superan los requerimientos externos en gran medida.

Ng Cortiñas señala que el riesgo soberano de la deuda también ha disminuido, con una tasa de inflación que se mantiene dentro del rango meta y una depreciación monetaria mínima. Sin embargo, destaca la necesidad de realizar una reforma en el gasto público, en lugar de imponer más impuestos, para evitar el aumento de la inflación y mantener la estabilidad económica.

El economista advierte que un aumento en los impuestos podría afectar a los consumidores, ya sea a través del aumento de los costos de producción o de precios finales de bienes y servicios. Sugiere que el país necesita reducir el gasto público improductivo y considerar restricciones en ciertas partidas presupuestarias para evitar poner más impuestos a la población y al sector empresarial.

Ng Cortiñas propone reducir el gasto en partidas que no contribuyen significativamente al país, como sobresueldos, publicidad, viáticos, contrataciones de servicios innecesarios, entre otros. Asimismo, sugiere reducir el subsidio al sector eléctrico y limitar la recapitalización del Banco Central, lo que permitiría un ahorro significativo para el gobierno.

En conclusión, el economista resalta que no es necesaria una reforma fiscal basada en impuestos, sino más bien un cambio en el gasto público para lograr un ahorro significativo. Esto permitiría reducir el déficit fiscal y mantener la estabilidad económica sin afectar a la población y al sector empresarial.

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