Dos mujeres, Leading Cristal Mota Arias y Crisleidy Toledo Mota, fueron enviadas a prisión preventiva por tres meses por su participación en un fraude relacionado con la clonación de 80 tarjetas de Supérate de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS). La medida fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste y las acusadas fueron enviadas al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres.

La solicitud de medida de coerción fue presentada por la fiscal investigadora del caso, Ofil Feliz, quien indicó que las imputadas fueron detenidas en flagrante delito en el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo. Durante el proceso, la fiscal y los abogados de la ADESS presentaron pruebas que vinculaban a las acusadas con la comisión de delitos de alta tecnología relacionados con el fraude.

Las mujeres fueron detenidas mientras realizaban compras con las tarjetas clonadas en el municipio de Santo Domingo Oeste. La clonación de tarjetas de Supérate de la ADESS es un delito grave que atenta contra la integridad de los usuarios de este programa social. La medida de coerción impuesta por el juez Marlon Espinosa Lebrón busca garantizar la seguridad de la sociedad y asegurar que las acusadas respondan por sus acciones.

La clonación de tarjetas y otros delitos de alta tecnología son cada vez más comunes en la sociedad actual, lo que requiere una mayor atención y medidas preventivas por parte de las autoridades competentes. La colaboración entre la fiscalía, la ADESS y otras instituciones es fundamental para combatir este tipo de crímenes y proteger los derechos y la seguridad de los ciudadanos.

Es importante que la sociedad esté informada y consciente de los riesgos asociados con la clonación de tarjetas y otros tipos de fraudes. La educación y la prevención son clave para evitar caer en este tipo de estafas y proteger nuestros datos personales y financieros. Las autoridades deben continuar trabajando en la lucha contra el fraude tecnológico para garantizar un entorno seguro para todos los ciudadanos.

La imposición de la medida de coerción contra las acusadas es un paso importante en la búsqueda de justicia y en la protección de la sociedad contra este tipo de delitos. La investigación y el seguimiento de estos casos son fundamentales para castigar a los responsables y disuadir a otros de cometer actos delictivos similares. La lucha contra el fraude tecnológico es una tarea de todos, y debemos trabajar juntos para prevenir y combatir este tipo de delitos en nuestra sociedad.

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