La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que implementaría debates electorales obligatorios en la República Dominicana a partir de 2028. Todos los candidatos presidenciales, congresuales y municipales deberán participar en estos debates y aquellos que no asistan serán sancionados con la restricción de espacios para promoción. Los temas de los debates deben consensuarse con agrupaciones políticas, instituciones académicas y sociedad civil, y serán transmitidos por medios de comunicación públicos. La JCE retendrá una proporción de dinero asignado a partidos políticos para financiar los debates, que se realizarán en noviembre, enero y marzo, previo a la contienda electoral, dentro de los límites temporales establecidos por la Ley 20-23. Cada debate abordará temáticas distintas de interés nacional para que los candidatos profundicen en sus intervenciones.
Los diputados proponentes del proyecto argumentan que los debates electorales fomentan la transparencia y rendición de cuentas de los candidatos, permitiendo a los votantes conocer a los candidatos y sus propuestas. Alegan que la falta de obligatoriedad provoca que los debates se realicen de forma intermitente o irregular, afectando la promoción del voto en el país. Tras la aprobación en primera lectura, el proyecto será debatido en segunda lectura antes del cierre de la legislatura. La iniciativa busca promover la participación y el conocimiento de los candidatos en un ambiente de discusión y transparencia.
El proyecto de ley también establece que los debates electorales serán gratuitos para los aspirantes y no implicarán ningún gasto, permitiendo así que todos los candidatos tengan la oportunidad de participar en ellos. Los debates se centrarán en temáticas relevantes para el interés nacional, permitiendo a los candidatos profundizar en cada una de ellas durante sus intervenciones. Los diputados proponentes afirman que la JCE tiene la responsabilidad de promover la realización de debates sobre los programas presentados por los partidos, pero que hasta ahora no existía ninguna obligatoriedad para los candidatos de debatir públicamente sus ideas.
La obligatoriedad de los debates electorales busca fortalecer la democracia en República Dominicana, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas de los candidatos. Los debates permiten poner a prueba la calidad de las propuestas electorales y brindan a los votantes la oportunidad de conocer a los candidatos y sus ideas. La iniciativa establece normas y procedimientos para la organización y realización de los debates, garantizando su transmisión por medios de comunicación públicos y su disponibilidad en línea para que la ciudadanía pueda acceder a ellos. El debate en segunda lectura permitirá discutir y ajustar el proyecto antes de su posible aprobación definitiva.
