El caso Calamar consistió en una estafa al Estado en la que el 80% de los montos pagados por deudas administrativas fraudulentas recayeron en las mismas personas físicas y jurídicas involucradas en la corrupción. La acusación del Ministerio Público reveló que este grupo utilizó el organigrama del Estado para crear una estructura criminal desde varios organismos gubernamentales, costándole al Estado más de 21 mil millones de pesos en un programa de financiamiento de contratistas que violaba la ley y reglamentos administrativos. Esta operación sirvió para llevar a cabo una mega operación de lavado de activos.
Los acusados en el caso Calamar falsificaron documentación de ejecutivos estatales para pagar más de 21 mil millones de pesos de forma irregular, obligando a empresarios a ceder parte de sus contratos bajo amenaza de dejar de ser proveedores del Estado. Utilizaron esquemas empresariales tradicionales para realizar operaciones de lavado de activos a gran escala, alterando fechas de registros y firmas de contratos para lavar activos a través de empresas que recibieron grandes sumas del patrimonio público a través de contratos falsos. Además, accedieron a préstamos y líneas de crédito sin garantía, excediendo en algunos casos los 45 millones de dólares reglamentarios.
La acusación en el caso Calamar señala que los imputados también falsificaron declaraciones juradas de bienes para ocultar los fondos ilícitos obtenidos y aprovecharon su conocimiento sobre la administración pública para sus fines delictivos. La maniobra realizada por este grupo involucró el uso de préstamos y líneas de crédito fraudulentas, así como la manipulación de contratos y firmas para lavar activos a través de empresas ficticias que recibieron grandes sumas del Estado de manera ilegal.
El Ministerio Público acusó a los implicados en el caso Calamar de haber utilizado el sistema gubernamental para crear una estructura criminal que les permitió desviar grandes sumas de dinero del Estado de forma fraudulenta. La trama involucró la falsificación de documentos, coacción a empresarios para ceder contratos y la realización de operaciones de lavado de activos a través de esquemas comerciales tradicionales. Este caso puso en evidencia la corrupción y la impunidad dentro de la administración pública, con la complicidad de funcionarios y empresarios que se beneficiaron de manera ilícita de los recursos del Estado.
La acusación en el caso Calamar detalla cómo los acusados utilizaron diferentes organismos estatales, como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y el Banco de Reservas, para llevar a cabo sus actividades fraudulentas y lavado de activos. Crearon un programa de financiamiento de contratistas que incumplía la ley y los reglamentos, lo que resultó en pérdidas millonarias para el Estado. La operación de lavado de activos se llevó a cabo a través de empresas ficticias que recibieron sumas exorbitantes del patrimonio público de manera fraudulenta, utilizando esquemas tradicionales de lavado de dinero a gran escala. Esta acusación destaca la complejidad y el alcance de la corrupción en el sistema político y administrativo de la República Dominicana.
