La Tercera Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional declaró la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos como irregular, ya que se realizó sin ser conocida por el Congreso. Se trata de una presunta estafa al Estado de 4 millones de metros cuadrados de terrenos con la intención de obtener 5 mil millones de pesos. A pesar de esta decisión, una de las tres parcelas de la comunidad no fue anulada para no perjudicar a las personas que la adquirieron de buena fe en el barrio. Según el abogado Nasset Perdomo, la decisión de declarar la irregularidad e inconstitucionalidad del contrato de venta se basa en el cumplimiento del derecho.
El experto en derecho constitucional Nasset Perdomo destacó que la sentencia emitida reconoce que la venta de los terrenos violó la Constitución de la República. Aunque se decidió no anular la venta de una de las parcelas para proteger a quienes adquirieron terrenos de buena fe, se estableció que la transacción fue ilegal e irregular al no contar con la aprobación del Congreso. Según Perdomo, el proceso judicial seguirá y hasta el momento se han recuperado dos de las tres parcelas involucradas en el caso.
En el aspecto penal, el caso de Los Tres Brazos se está llevando a cabo en dos jurisdicciones: en primera instancia y en la Suprema Corte de Justicia. La Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró la extinción penal para varias personas involucradas en la venta irregular de terrenos en Los Tres Brazos, entre ellos el exdirector de la Corde, Leoncio Almánzar Objío. Este proceso judicial ha generado un gran interés, con la presencia de muchos residentes del sector en las audiencias para exigir justicia.
En el proceso judicial relacionado con Los Tres Brazos, están involucradas 17 personas, incluyendo a Leoncio Almánzar, exdirector de Corde, Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario, Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos. El abogado Nasset Perdomo enfatizó que la decisión de la Tercera Sala del Tribunal de Tierras ha tenido y seguirá teniendo consecuencias significativas en el caso, ya que no se puede permitir que un particular retenga un bien adquirido de manera ilegal y en violación de la Constitución.
