Tres diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y uno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) están siendo investigados por la Suprema Corte de Justicia por presuntos vínculos con el narcotráfico, lavado de activos y corrupción. Entre los acusados se encuentra Sergio Moya (Gory), quien fue reelegido como diputado más votado en la circunscripción 3 del Distrito Nacional y es señalado en el Caso Calamar por su participación en un esquema de extorsión a las bancas de lotería.
En otra noticia, la diputada perremeísta por La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, fue condenada a cinco años de prisión por lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano. Se le acusa de haber colocado en el mercado financiero más de RD$2,593 millones provenientes de actividades de narcotráfico de la red liderada por su pareja, Miguel Arturo López Florencio "Micky López". La diputada no podrá ser apresada hasta después del 26 de julio.
Otro acusado de estar presuntamente vinculado al narcotráfico es Nelson Rafael Marmolejos Gil, diputado de la circunscripción 3 en Santiago de los Caballeros por el PRM, quien es acusado de recibir financiamiento para su campaña del presunto narcotraficante Erick Randhiel Mosquea Polanco. Marmolejos ganó como diputado el pasado 19 de mayo representando a la circunscripción 2 de Santiago con una alta votación.
La diputada de El Seibo por el PRM, Faustina Guerrero Cabrera (Grey Maldonado), también resultó reelegida. Es mencionada en el expediente del caso Falcón por presunto tráfico de drogas, al igual que su esposo, Juan Maldonado Castro, quien fue director de Comunidad Digna y estuvo detenido por el caso. Por otro lado, Sergio Moya (Gory) es acusado de ser uno de los coordinadores del esquema de extorsión a bancas de lotería y deportivas. Resultó ser el diputado más votado en la circunscripción 3 del Distrito Nacional.
Estos casos de diputados con juicios pendientes en la Suprema Corte de Justicia son un reflejo de la situación de corrupción y narcotráfico que afecta a la política dominicana. La condena de Rosa Amalia Pilarte López y las acusaciones contra otros diputados ponen en evidencia la importancia de investigar y sancionar a aquellos que utilicen su cargo público para actividades criminales. La población espera que se haga justicia y se garantice la transparencia en el ámbito político.
Es fundamental que las autoridades continúen investigando estos casos y que se aplique la ley de manera equitativa, sin importar el cargo o la posición social de los implicados. La lucha contra la corrupción y el narcotráfico en la política dominicana debe ser una prioridad para garantizar un Estado de derecho sólido y una democracia transparente. La sociedad dominicana exige transparencia, honestidad y justicia en todos los niveles del gobierno para construir un país más justo y seguro para todos sus ciudadanos.
