La Ley 63-17 de Movilidad, Tránsito Terrestre y Seguridad Vial establece que el conductor que atropelle a un transeúnte debe detenerse, asistir a la persona afectada si es seguro hacerlo, y reportar el accidente a la Digesett dentro de las 24 horas. El artículo 287 de la ley especifica que el conductor debe proporcionar su información personal y del vehículo a la persona perjudicada o a un agente de la autoridad, y brindar ayuda a los heridos, incluso transportándolos al hospital si es necesario.
En caso de que una persona fallezca en un accidente, el conductor responsable debe acompañar al agente de la Digesett presente en el lugar o presentarse voluntariamente ante la autoridad competente. Los conductores que causen accidentes son penal y civilmente responsables, y las infracciones de tránsito que resulten en daños conllevan sanciones privativas. La ley establece penas de uno a tres años de prisión y multas de 10 a 50 salarios mínimos en casos de muerte involuntaria, y sanciones menores en otros casos de lesiones o daños físicos.
En situaciones donde la víctima sufre lesiones permanentes, la sanción puede ser de tres meses a un año de prisión y multas de cinco a 10 salarios mínimos. Si las lesiones son curables o impiden trabajar por más de 20 días pero no son permanentes, la pena puede ser de dos a tres meses de prisión y multas de dos a cinco salarios mínimos. Para lesiones que impiden trabajar por más de 10 días pero menos de 20, la sanción puede ser de uno a dos meses de prisión y multas de un salario mínimo, y para lesiones que impiden trabajar por hasta 10 días, la pena puede ser de tres a un mes de prisión y multas de un salario mínimo.
Es importante tener en cuenta que la ley establece responsabilidad penal y civil para los conductores que causen accidentes, y las sanciones varían según la gravedad de las lesiones o daños provocados. Es fundamental que los conductores cumplan con sus obligaciones en caso de accidente, incluyendo la asistencia a las víctimas y la notificación a las autoridades correspondientes dentro del plazo establecido. Esto contribuye a garantizar la seguridad vial y la protección de los derechos de las personas afectadas por accidentes de tránsito.
