Carlos Amarante Baret, un miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), criticó a la dirección política de la organización por no pronunciarse sobre la devolución de miles de millones de pesos por parte de algunos acusados de corrupción durante los gobiernos de Danilo Medina. En un mensaje en redes sociales, Amarante cuestionó si la dirección del partido no considera importante que alguien devuelva grandes sumas de dinero de manera ilícita durante su gobierno, acusándolos de complicidad por su silencio.
El Partido de la Liberación Dominicana, fundado por Juan Bosch en 1973, ha sido señalado por Amarante Baret de ser cómplice de la corrupción, ya sea por acción o por omisión, al no condenar públicamente las devoluciones de dinero mal habido. El político insistió en que el silencio no es una opción cuando se cometen actos de tamaña barbaridad, en referencia a los acuerdos logrados por el Ministerio Público con imputados que admitieron actos de corrupción administrativa durante el gobierno anterior.
Uno de los casos más sonados es el caso Medusa, en el que el exprocurador Jean Alain Rodríguez es el principal imputado. Según se ha informado, se han alcanzado unos 25 acuerdos con personas que fueron sometidas a la justicia, pero que después de negociar y devolver grandes sumas de dinero, han sido beneficiadas con el cese de la persecución penal en su contra. Otro caso relevante es el de Calamar, que involucra a exministros como Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, quienes han acordado devolver al Estado casi dos mil millones de pesos.
La defensa de Jean Alain Rodríguez ha afirmado que los bienes de su cliente son lícitos, a pesar de las acusaciones en su contra en el caso Medusa. La devolución de miles de millones de pesos por parte de acusados de corrupción durante el gobierno de Danilo Medina ha generado fuertes críticas hacia la dirección política del PLD por su supuesto silencio cómplice ante estos actos. Amarante Baret ha instado al partido a no permanecer en silencio y a condenar públicamente la corrupción en su seno.
Las devoluciones de dinero obtenido de manera ilícita durante el gobierno anterior han sido objeto de acuerdos entre el Ministerio Público y los imputados, quienes han admitido su participación en actos de corrupción administrativa. Estos acuerdos han llevado a la cesación de la persecución penal en contra de los implicados, generando preocupación en la opinión pública sobre la impunidad en casos de corrupción en la República Dominicana. El caso Medusa y el caso Calamar han sido los más sonados, involucrando a figuras políticas y exfuncionarios de alto nivel.
