El Poder Ejecutivo aún no ha reintroducido el conflictivo Proyecto de Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes en República Dominicana, a pesar de que debía ser reintroducido en un plazo máximo de 45 días. Este proyecto causó revuelo en el país por garantizar la permanencia de migrantes ilegales si demostraban que sus vidas estaban en peligro. Aspectos como el "principio de no devolución" y la contribución especial que las entidades deberían pagar para luchar contra la trata de personas fueron ampliamente criticados.
El proyecto fue objeto de críticas por parte de partidos políticos, grupos nacionalistas, sectores religiosos, grupos cívicos y otros de la sociedad civil. La iniciativa legislativa buscaba prevenir, perseguir y erradicar delitos como la trata de personas en todas sus modalidades, la esclavitud, cualquier forma de explotación y el tráfico de migrantes. El objetivo era que el Estado respondiera integralmente a estas problemáticas.
El Poder Ejecutivo envió una carta al presidente del Senado en la que explicaba que el proyecto de ley buscaba abordar la trata de personas en todas sus modalidades, incluyendo la explotación sexual, la esclavitud, el matrimonio forzado, entre otros, así como el tráfico ilícito de órganos. La intención era modernizar la legislación vigente sobre la trata de personas y el tráfico de migrantes, que actualmente se considera desfasada y no adaptada a las nuevas formas de captar víctimas.
Algunos opositores del proyecto, como los excandidatos presidenciales Abel Martínez y Leonel Fernández, mostraron su desacuerdo con la iniciativa. Martínez consideró que violaba la soberanía nacional y era una traición a la patria, mientras que Fernández alegó que buscaba impedir la deportación de personas con estatus migratorio irregular en el país. A pesar de estas críticas, el Poder Ejecutivo presentó una modificación del artículo 3 de la Ley 137-3 sobre Migración para brindar mayor seguridad a niños y adolescentes víctimas de la trata.
A pesar de que el proyecto debía ser reintroducido en un plazo máximo de 45 días, han pasado más de un año y cuatro meses y el Poder Ejecutivo aún no ha reintroducido el Proyecto de Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes en República Dominicana. Este proyecto generó controversia en el país al garantizar la permanencia de migrantes ilegales si demostraban que sus vidas estaban en peligro. Aspectos como el "principio de no devolución" y la contribución especial que las entidades deberían pagar para luchar contra la trata de personas suscitaron críticas.
El proyecto buscaba prevenir, perseguir y erradicar delitos como la trata de personas en todas sus modalidades, la esclavitud, cualquier forma de explotación y el tráfico de migrantes. A pesar de las críticas de partidos políticos, grupos nacionalistas, sectores religiosos y civiles, el Poder Ejecutivo explicó que la iniciativa legislativa estaba destinada a abordar integralmente la trata de personas e otras formas de explotación. A pesar de las críticas de opositores como Abel Martínez y Leonel Fernández, el gobierno ha presentado una modificación de la Ley de Migración para brindar mayor seguridad a niños y adolescentes víctimas de la trata.
