En los últimos días, se ha generado controversia en torno a la renovación de la licencia de conducir por un período de solo dos años para las personas mayores de 65 años, en comparación con los cuatro años aplicables a los conductores más jóvenes. Esta disposición está contemplada en el Decreto 6-19, que establece el Reglamento de Licencias de Conducir, y ha sido defendida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) como parte de un enfoque destinado a garantizar la seguridad vial, considerando los cambios físicos y cognitivos que pueden afectar la capacidad de conducción a medida que las personas envejecen.
En relación a las tarifas, el director del Intrant, Milton Morrison, aclaró que, a pesar de que la licencia para mayores de 65 años tiene una vigencia de dos años, el costo de renovación es el mismo que para quienes solicitan una licencia de cuatro años, ya que las tarifas se fijan según la categoría de licencia y no por su duración. Sin embargo, un denunciante se quejó de que al intentar solicitar un recibo por lo que había pagado, este le fue negado y solo le entregaron el carnet de la licencia, lo que generó un debate sobre la transparencia en el proceso de renovación.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, expresó su indignación por la tarifa de renovación y por el periodo de vigencia asignado a las licencias para personas mayores de 65 años, considerando que esto constituye un acto discriminatorio por parte del Intrant. Ulloa otorgó un plazo de 15 días al Intrant para que presente un informe fundamentado sobre las bases legales que sustentan la tarifa de renovación y para informar sobre las medidas que se tomarán en cumplimiento del principio de igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana.
Ante la situación planteada, el director del Intrant, Milton Morrison, expresó que apoya la preocupación de algunos sectores de la sociedad respecto a este tema y se comprometió a evaluar la queja y remitirla al Consejo de Dirección del Intrant para su revisión. Morrison señaló que las tasas establecidas son el resultado de la aplicación de las disposiciones del reglamento existente, pero que se consideraría una propuesta para la revisión tarifaria de los servicios ofrecidos por el Intrant, incluyendo la contraprestación por los mismos.
En un caso específico presentado por el Defensor del Pueblo, se relata la experiencia del señor Daniel Santana, quien pagó el impuesto de renovación de su licencia de conducir y recibió solo dos años de vigencia en su carnet, a pesar de haber pagado por un periodo de vigencia más largo. Santana manifestó sentirse privado de su derecho y expresó su malestar ante esta situación, lo que refleja las preocupaciones de la población respecto a la transparencia y equidad en el proceso de renovación de licencias de conducir para personas mayores de 65 años.
