La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió de oficio los Registros de Proveedores del Estado de dos senadores y 20 diputados electos para el período 2024-2028, con el objetivo de prevenir conflictos de interés y contribuir a la transparencia del sistema de compras. Según la Resolución Núm. DGCP-DG-02-2024, estos funcionarios se encuentran dentro del Régimen de inhabilidades establecido en la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, que prohíbe a los miembros del Poder Legislativo contratar con el Estado para proveer bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales hasta seis meses después de dejar el cargo.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que esta medida no representa una sanción, sino una medida preventiva para garantizar la transparencia en las compras públicas. Se realizó un cruce de información de los funcionarios que ocupan cargos en el Congreso Nacional, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el Senado, así como de las sociedades comerciales vinculadas, lo que resultó en la suspensión de los registros de proveedores de 22 funcionarios electos que poseen una participación societaria superior al 10% del capital social.
La suspensión de los Registros de Proveedores del Estado de estos funcionarios electos fue comunicada a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas a través de un acto administrativo. Esta medida busca prevenir posibles conflictos de interés y garantizar la transparencia en las contrataciones públicas, evitando que los legisladores puedan beneficiarse de contratos con el Estado mientras ejercen su cargo.
La Ley 340-06 de Contrataciones Públicas establece claramente las inhabilidades de los miembros del Poder Legislativo para contratar con el Estado, con el objetivo de evitar situaciones de favoritismo o corrupción en las compras públicas. La suspensión de los registros de proveedores de los dos senadores y 20 diputados electos para el período 2024-2028 se enmarca dentro de esta legislación, con el fin de garantizar la transparencia y la imparcialidad en los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.
La Dirección General de Contrataciones Públicas reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad en las contrataciones públicas, tomando medidas preventivas como la suspensión de los registros de proveedores de funcionarios electos que incurren en inhabilidades según la ley. Esta acción busca fortalecer los controles y garantizar que las contrataciones públicas se lleven a cabo de manera justa y transparente, sin la intervención de personas que puedan beneficiarse indebidamente de los recursos del Estado.
La suspensión de los registros de proveedores de los senadores y diputados electos es una muestra del compromiso de la Dirección General de Contrataciones Públicas con la transparencia y la integridad en los procesos de compras del Estado. Esta medida contribuye a prevenir posibles conflictos de interés y a asegurar que las contrataciones públicas se realicen de acuerdo con la legalidad y la equidad, promoviendo la participación de proveedores idóneos y evitando prácticas corruptas que puedan afectar la eficiencia y la honestidad en el uso de los recursos públicos.
