El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, ha anunciado que continuarán realizando cruces de datos para identificar a los funcionarios que se encuentran en situación de incompatibilidad y proceder a suspenderles los registros de proveedores del Estado. Recientemente, se suspendieron los registros de 211 funcionarios electos, incluidos alcaldes, regidores y directores de distritos, como medida preventiva, no como una sanción. Además, se realizará un cruce de datos con la nómina de fiscales para suspender a aquellos que estén en régimen de incompatibilidad.
En un Desayuno Conversatorio sobre la aplicación del nuevo Reglamento de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, organizado por la Unión Nacional de Empresarios, Pimentel destacó la necesidad de una nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas en la República Dominicana. Actualmente, hay un proyecto de ley en el Congreso que, de ser aprobado, proporcionaría al país un marco normativo moderno. El proyecto tiene como objetivo reintroducir un sistema de consecuencias para garantizar la transparencia y eficiencia en los procesos de contratación.
El Reglamento de Aplicación 416-23 de la Ley de Contrataciones vigente desde 2024 incluye aspectos como el uso de herramientas tecnológicas, criterios de sostenibilidad, valor por dinero, y la inclusión de sectores productivos. Introduce nuevos procedimientos como el de Excepción de Emergencia Nacional, la subsanación de garantías y el equilibrio económico y financiero para bienes, servicios y obras. El presidente de la UNE ha expresado su apoyo a este reglamento y ha instado al Congreso a considerar las observaciones de diferentes sectores económicos y acelerar la aprobación del proyecto de ley en el Senado.
Para garantizar una competencia justa en el mercado corporativo y combatir prácticas desleales en las compras estatales, es importante que las empresas oferentes tengan experiencia probada y una trayectoria en el área licitada. De esta manera, se evita que empresas sin experiencia participen en procesos de licitación sin las prácticas adecuadas, lo que puede afectar negativamente la gestión de la institución. El Reglamento de Aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones, junto con el proyecto de ley pendiente en el Congreso, se presentan como herramientas útiles para promover una competencia justa y transparente en las contrataciones estatales.
En cuanto al proyecto de ley de reforma del sistema de contrataciones del país, se espera que sea puesto en agenda en el Senado para su pronta aprobación y el país pueda contar con un marco normativo actualizado. Esta nueva ley de compras y contrataciones buscará devolverle al sistema de consecuencia, introduciendo sanciones administrativas, disciplinarias y penales para garantizar la transparencia en los procesos de contratación. Con estas medidas, se busca erradicar la impunidad y complicidad que han afectado a las contrataciones públicas en el país.
