La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, está conociendo una solicitud de medida coerción contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Canaán, conocido como Jochi Gómez, y otros cinco imputados acusados de corrupción en el Intrant. El expediente de 300 páginas también incluye a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Alvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas.
La medida cautelar comenzó a ser conocida a las 2:00 de la tarde con la intervención del Ministerio Público y continuaba pasadas las 9:30 con la participación de los abogados de la defensa. Se acusa a todos los imputados de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad. El Ministerio Público ha advertido a la jueza que los imputados tienen los medios y recursos para intentar ocultar pruebas esenciales, por lo que solicitan 18 meses de prisión preventiva y que se declare el caso como complejo.
En el expediente figuran acusaciones relacionadas con actividades corruptas y delitos graves en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Entre los imputados se encuentran personas con diferentes roles y responsabilidades, incluyendo a Beras y Jochi Gómez, así como a otros individuos señalados por participar en una red organizada para enriquecerse de manera ilícita mediante diversas actividades fraudulentas. La solicitud de medidas cautelares también incluye la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo debido a la gravedad de las acusaciones y la posibilidad de que los imputados intenten obstruir la investigación.
La jueza Fátima Veloz está a cargo de escuchar las argumentaciones tanto del Ministerio Público como de los abogados defensores de los imputados. Se espera que se debata la necesidad de imponer medidas coercitivas para garantizar la continuidad de la investigación y evitar la obstrucción de la justicia por parte de los acusados. La presunta red de corrupción y crimen organizado habría estado involucrada en actividades ilícitas como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación y contrabando, entre otros delitos graves que han generado preocupación en la sociedad dominicana.
El Ministerio Público ha alertado sobre la posibilidad de que los imputados intenten ocultar pruebas esenciales para el avance de la investigación, por lo que se esperan medidas preventivas para evitar cualquier intento de obstaculizar el proceso judicial. La solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo indican la gravedad de las acusaciones y la necesidad de garantizar que los acusados enfrenten la justicia de manera adecuada. La jueza Fátima Veloz deberá evaluar las pruebas presentadas y tomar una decisión basada en la legalidad y la justicia para asegurar que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables de los delitos cometidos en el Intrant.
