La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha suspendido los Registros de Proveedores del Estado (RPE) a dos senadores y 20 diputados tras el inicio de la nueva gestión gubernamental 2024-2028, como medida preventiva para evitar conflictos de interés. Esto implica que estos funcionarios del Poder Legislativo no podrán contratar con el Estado para proveer bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales hasta seis meses después de dejar su cargo. Entre los senadores afectados se encuentran Andrés Guillermo Lama Pérez de Bahoruco y Dagoberto Rodríguez Adames de Independencia, mientras que entre los diputados se incluyen nombres como Kinsberly Taveras Duarte, Charles Noel Mariotti Paz y Fanny Selinés Méndez Simonó.
Estas medidas se basan en la Resolución Núm. DGCP-DG-02-2024, que señala a estos funcionarios como parte del Régimen de inhabilidades establecido en la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas. Algunos de los diputados suspendidos son Heidy María Musa Kunhardt de Puerto Plata, Hermes Evagelina José Méndez De Méndez de Independencia y Willy Enrique Sánchez González de Peravia. La DGCP también ha suspendido el registro de proveedores a 264 nuevos alcaldes y regidores como medida para garantizar la transparencia en los procesos de contratación pública.
Esta decisión ha generado controversia entre la población dominicana, ya que se cuestiona si es ético que los funcionarios públicos tengan negocios privados que puedan influir en sus decisiones políticas. Algunos consideran que la suspensión de los Registros de Proveedores a estos senadores y diputados es un paso importante hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país. Sin embargo, otros creen que estas medidas podrían afectar la economía de las empresas de los funcionarios afectados y limitar su capacidad para ejercer sus funciones correctamente.
La Ley de Contrataciones Públicas tiene como objetivo garantizar la transparencia, la eficiencia y la igualdad de oportunidades en los procesos de contratación realizados por el Estado dominicano. Sin embargo, la presencia de funcionarios públicos con intereses en empresas privadas podría comprometer la imparcialidad y la equidad en estos procesos. Por ello, es fundamental que se tomen medidas para prevenir posibles conflictos de interés y garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera adecuada y en beneficio de la ciudadanía.
La suspensión de los Registros de Proveedores a estos senadores y diputados refleja la voluntad del gobierno de erradicar la corrupción y promover la transparencia en la gestión pública. Estas medidas buscan garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera efectiva y que los procesos de contratación se realicen de acuerdo con los principios de legalidad, objetividad, transparencia e igualdad. En un contexto donde la corrupción ha sido un problema recurrente en la administración pública, estas acciones son un paso importante hacia la construcción de un estado más justo y honesto.
