La masacre ocurrida en Pont Sondé, a 100 kilómetros de Puerto Príncipe, dejó más de 70 muertos, incluyendo mujeres, niños y ancianos, causando conmoción en un Haití sumido en una crisis. Los sobrevivientes se refugiaron en diferentes lugares tras ver casas y vehículos incendiados. El primer ministro, Garry Conille, visitó a las víctimas en el hospital y condenó los actos inhumanos, declarando que se necesita una respuesta urgente del Estado.
El despliegue de unidades de la Policía Nacional Haitiana en la zona busca restaurar la seguridad, con el apoyo de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad liderada por Kenia. Tras la masacre, el comisario de la Policía de Artibonite fue destituido por su incapacidad para neutralizar a las bandas armadas. La presencia de estas bandas armadas en la región ha causado violencia y desplazamiento de la población.
El grupo armado responsable de la masacre culpó a la población local por unirse a un grupo de autodefensa que intenta frenar sus actividades delictivas. La masacre incluyó asesinatos, heridas causadas por armas de fuego y cuchillos, quema de propiedades y desplazamiento forzoso de la población. La falta de control por parte de las autoridades ha permitido la impunidad de estas bandas armadas.
La Organización No Gubernamental Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos expresó su consternación ante la masacre y denunció la inacción de las autoridades para restablecer la paz en el país. A pesar de las promesas de las nuevas autoridades estatales de garantizar seguridad, la situación no ha mejorado. La ONG pide acciones para desmantelar y juzgar a los responsables de los actos violentos.
La Rnddh recomienda a las autoridades buscar a los miembros armados del grupo Gran Grif y brindar apoyo psicológico y financiero a la población de Pont-Sondé. La comunidad internacional ha instado a Haití a restaurar el orden y la seguridad en el país, pero la impunidad de las bandas armadas persiste. La población se ve afectada por la violencia y la falta de protección por parte de las autoridades.
En resumen, la masacre en Pont Sondé ha dejado una profunda huella en Haití, exponiendo la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Las bandas armadas operan con impunidad, causando violencia y desplazamientos forzados. Las autoridades deben tomar medidas urgentes para desmantelar estas organizaciones criminales y brindar apoyo a las comunidades afectadas por la violencia.
