Un tribunal español condenó a un exconcejal y a un empleado del Ayuntamiento de Calpe por exhumar ilegalmente a un difunto del cementerio municipal y reemplazarlo por el cuerpo de la abuela del segundo. Ambos fueron sentenciados a penas de inhabilitación por prevaricación administrativa, aunque fueron absueltos de otros delitos. En 2018, la familia del empleado pidió información sobre un nicho adyacente al de su abuelo, y a pesar de que se les informó que estaba ocupado, el concejal ordenó la exhumación cuando la abuela estaba a punto de fallecer. Los sepultureros ejecutaron la orden sin cuestionarla y realizaron el intercambio de cuerpos.
La familia del empleado era la responsable de solicitar el cambio de nicho y se les negó debido a que ya estaba ocupado. A pesar de esto, el concejal presionó a la responsable administrativa para llevar a cabo la exhumación y traslado de los restos. Esta empleada se mantuvo firme en su negativa a colaborar con la orden ilegal, pero los condenados lograron manipular una providencia para llevar a cabo el intercambio de cuerpos. Los sepultureros, sin saber la irregularidad del mandato, procedieron con la exhumación y reubicación de los restos, cometiendo un delito en el proceso.
El exconcejal y el empleado fueron condenados a penas de inhabilitación por prevaricación administrativa, aunque fueron absueltos de otros delitos como falsedad documental, contra el respeto a los difuntos, contra la integridad moral y coacciones. La sentencia destacó que el concejal ejerció presiones para realizar la exhumación y que los sepultureros ejecutaron la orden sin cuestionarla. La familia del empleado quería cambiar el nicho adyacente al de su abuelo por el de su abuela, sin seguir los procedimientos legales para ello, lo que resultó en el intercambio ilegal de cuerpos en el cementerio municipal de Calpe.
El concejal argumentó que la exhumación debía llevarse a cabo "sí o sí" y presionó a la responsable administrativa para que diera la orden a los sepultureros. A pesar de que ella se negó a colaborar con la orden ilegal, los condenados lograron manipular una providencia para llevar a cabo la exhumación y traslado de los restos. La abuela del empleado falleció en enero de 2019, lo que aceleró el proceso ilegal de intercambio de cuerpos en el cementerio municipal de Calpe, donde los sepultureros llevaron a cabo la operación sin cuestionar la orden recibida.
La familia del empleado condenado deseaba cambiar el nicho de su abuela por el adyacente al de su abuelo, a pesar de que este último ya estaba ocupado. El concejal y el empleado utilizaron presiones y manipulación de documentos para lograr la exhumación y reubicación de los restos, resultando en un intercambio ilegal de cuerpos en el cementerio municipal de Calpe. Aunque fueron condenados por prevaricación administrativa, la sentencia absolvio a los acusados de otros cargos, destacando la falta de ética y legalidad en el proceso llevado a cabo por el exconcejal y el empleado del Ayuntamiento.
