La Justicia de El Salvador ha impuesto una pena de más de 1,400 años de prisión a un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS13) por siete casos de homicidio y 37 de extorsión. Además, otros ocho pandilleros de la MS13, incluyendo una mujer, fueron condenados a penas de entre 764 y 148 años de cárcel. Estos crímenes fueron cometidos entre 2018 y 2019, con órdenes de asesinar a agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales.
Las investigaciones revelaron que las víctimas de extorsión eran transportistas y comerciantes de mercados en San Miguel, a quienes la pandilla exigía dinero para no asesinarlos. En un caso, se exigieron 10,000 dólares en una sola entrega para pagar a un abogado defensor de los pandilleros detenidos. El Código Penal de El Salvador establece penas de entre 30 y 50 años de cárcel por homicidio agravado y de 10 a 15 años por extorsión.
La Fiscalía no especificó cuántas de las víctimas de homicidio eran policías, soldados o fiscales, ni si los pandilleros fueron detenidos durante el régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Durante este régimen, se han capturado más de 80,000 supuestos pandilleros y personas relacionadas con estas bandas, lo que se ha atribuido a una disminución significativa de los homicidios en el país.
El presidente Nayib Bukele ha sido un defensor firme del régimen de excepción y de las medidas enérgicas contra las pandillas en El Salvador. Las capturas masivas de pandilleros han sido una parte central de su estrategia de seguridad, contribuyendo a la reducción de la violencia en el país. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por posibles violaciones de los derechos de los detenidos y la falta de garantías procesales.
La lucha contra las pandillas y la violencia en El Salvador sigue siendo un desafío importante para las autoridades y la sociedad en general. La MS13 y otras pandillas han sido responsables de numerosos actos violentos en el país, incluidos homicidios, extorsiones y otros delitos. La criminalidad organizada sigue representando una amenaza para la paz y la seguridad de la población, por lo que el combate contra estas estructuras criminales sigue siendo una prioridad para las autoridades salvadoreñas.
