Un tribunal federal de Miami sentenció al ex primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Andrew Fahie, a 11 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. La jueza Kathleen M. Williams le impuso una sentencia menos severa de la que podía recibir, considerando sus acciones como un intento de convertir las islas en un paraíso para el narcotráfico. A pesar de esto, la jueza reconoció que Fahie había ayudado a personas de su comunidad a mejorar su vida, antes de perderse en el delito.
Fahie, de 53 años, fue arrestado en 2022 en un aeropuerto del sur de Florida y enfrentaba siete cargos criminales, incluyendo conspiración para importar sustancias controladas, lavado de dinero y viajes al extranjero en ayuda al crimen organizado. La Fiscalía recomendó una condena de 20 años de prisión por conspirar para importar cocaína y otros delitos graves. El político fue detenido junto a la directora de la Autoridad Portuaria de las Islas Vírgenes Británicas, Oleanvine Pickering Maynard, y su hijo Kadeem Stephan Maynard, acusados de facilitar el paso seguro de toneladas de cocaína colombiana a través de los puertos de BVI con destino a Miami.
La acusación detalla que los acusados ganarían millones de dólares que se canalizarían a través de empresas y cuentas bancarias para ocultar el origen del dinero. Según la Fiscalía, Fahie y Maynard acordaron proteger los barcos llenos de cocaína mientras estuvieran en los puertos de BVI, facilitando su paso seguro. Las autoridades alegan que se discutió la posibilidad de transportar grandes cantidades de cocaína a través de los puertos de las Islas Vírgenes Británicas en repetidas ocasiones durante varios meses.
El hijo de Oleanvine Maynard, Kadeem Stepahn Maynard, se declaró culpable el año pasado del mismo cargo que su madre y fue sentenciado a cinco años de prisión. La jueza Williams reconoció que Fahie ayudó a su comunidad antes de involucrarse en actividades delictivas y le impuso una sentencia de 11 años de prisión. A pesar de ello, destacó que el uso de la posición de un funcionario público para beneficio personal es una violación de la confianza y de la seguridad pública. La sentencia refleja las graves consecuencias de participar en actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.
