Los tribunales dominicanos le dieron permiso al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para incautar el avión de Nicolás Maduro que estaba en la República Dominicana para recibir mantenimiento. El canciller Roberto Álvarez confirmó que el Ministerio Público recibió la solicitud de incautación en mayo y que las autoridades estadounidenses trasladaron la aeronave a Florida. Se declaró que el gobierno dominicano solo actuó en respuesta a las órdenes de los tribunales locales y no participó en la investigación de Estados Unidos. El avión fue confiscado por haber sido adquirido ilegalmente y violar la Orden Ejecutiva 13884 de 2019.
El avión Dassault Falcon 900EX fue comprado a través de una empresa fantasma y sacado ilegalmente de Estados Unidos para ser utilizado por Nicolás Maduro. La justicia estadounidense alega que el gobierno de Maduro utilizó la empresa fantasma para ocultar su participación en la compra de la aeronave. Desde su exportación ilegal en 2019, el avión ha sido utilizado exclusivamente para beneficio de Maduro y sus representantes, transportándolo en visitas a otros países. El Departamento de Justicia trabajó en colaboración con las autoridades dominicanas en el caso y agradeció su asistencia. Este no es el primer avión venezolano que llega al país, ya que en el pasado otro avión llegó con Hugo Chávez.
El avión Dassault Falcon 900EX es un jet de larga distancia que puede operar en pistas cortas y alcanzar velocidades de hasta 950 km/h. Antes de ser adquirido por el gobierno de Maduro, pertenecía a una empresa de corretaje de aviones en Florida. El avión ha sido utilizado para transportar a Maduro en sus visitas a países afines al gobierno de Venezuela. El presidente Luis Abinader afirmó que el avión no estaba registrado a nombre del gobierno venezolano, sino de una empresa privada. Madrid se ha enfrentado a controversias similares en el pasado con aviones vinculados a altos funcionarios venezolanos.
El gobierno de Venezuela consideró la confiscación de la aeronave como un acto de "piratería" y anunció que tomará medidas legales para reparar el daño. Caracas sostiene que la confiscación forma parte de una escalada de acciones contra el gobierno, luego de las elecciones de julio, cuyos resultados no han sido reconocidos por varios países. El gobierno de Maduro ha extendido la suspensión de los vuelos comerciales entre Venezuela y República Dominicana por un mes más, hasta septiembre. Esta medida se justifica por supuestas acciones injerencistas y por la presunción del uso de la aviación civil con fines no compatibles con la seguridad.
La incautación del avión de Maduro en suelo dominicano podría afectar las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se han visto afectadas desde las elecciones de junio. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con República Dominicana y otros países de la región que criticaron las elecciones. Representantes de más de 20 estados solicitaron al gobierno venezolano que respetara la convención sobre asilo diplomático y los derechos de los votantes, además de expresar su rechazo a la represión y violencia postelectorales.
