El mercado inmobiliario dominicano está plagado de irregularidades que afectan a miles de usuarios y ponen en riesgo inversiones millonarias. Ejemplos como el residencial Poinciana, que se encuentra atrasado en su construcción y ha generado preocupación entre los compradores que esperaban recibir sus viviendas en 2022, pero aún no han sido entregadas. Otro caso es el Vista del Prado en Santo Domingo Oeste, donde una adquiriente tuvo que recurrir a intermediarios y amenazas de denuncia en los medios de comunicación para recibir su apartamento en junio de 2024, dos años después de lo acordado. Estos casos reflejan las constantes denuncias de fraude, atrasos en las entregas, cobros indebidos y malas construcciones en el mercado inmobiliario dominicano.
El aumento del precio original de la vivienda es una de las principales denuncias que recibe el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor). Esta situación se agrava en un contexto de déficit habitacional en el país, con 1.4 millones de unidades faltantes y solo 7,600 unidades privadas construidas hasta 2023 para suplir la demanda de vivienda. Las quejas de los consumidores se centran en los vicios de construcción y los incrementos desproporcionados en el precio final del inmueble, que en algunos casos puede aumentar un 50 o 60 % del costo original debido al aumento de los materiales de construcción.
En 2022, un grupo de adquirientes protestó frente a las oficinas de la constructora CBS Developments por aumentos de hasta el 43 % del valor de venta acordado. Algunos compradores se quejaban de que les exigían entregar el dinero adicional de forma casi inmediata y no podían cubrirlo. El titular de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, enfatiza que es fundamental que el aumento estipulado en el contrato esté dentro del marco y la referencia de los levantamientos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) sobre el índice de precio de los materiales de construcción para evitar conflictos entre proveedor y consumidor.
En el mercado inmobiliario dominicano, los contratos suelen favorecer a una de las partes en detrimento del consumidor. En el caso del proyecto Residencial Poinciana, el contrato de promesa de venta establece que los promitentes-compradores asumen la responsabilidad de pagar aumentos en el precio en caso de depreciación de la moneda o alzas en los precios de los insumos para la construcción. Este tipo de cláusulas deja desprotegidos a los compradores y los expone a abusos por parte de las constructoras.
La solución para evitar este tipo de situaciones podría ser la implementación de fideicomisos entre el adquiriente y la constructora. Esto garantizaría que el inmueble adquirido esté protegido en caso de quiebra de la constructora o de la fiduciaria, y evitaría que los acreedores embarguen el proyecto o afecten a los compradores. La transparencia en los contratos y en las negociaciones entre ambas partes es fundamental para proteger los intereses de los consumidores y prevenir posibles estafas en el mercado inmobiliario dominicano.
En la actualidad, los tribunales dominicanos conocen el caso denominado operación Nido, en el que el Ministerio Público acusa a seis personas y dos empresas del sector inmobiliario de una estafa de más de 700 millones de pesos que afectó a más de 300 personas. Esta red ofrecía viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios, pero nunca las entregaba y amenazaba a los clientes que reclamaban. Estas prácticas fraudulentas son un ejemplo de las irregularidades y abusos que se presentan en el mercado inmobiliario dominicano, afectando a miles de consumidores e inversionistas.
