Este lunes, la Novena Sala Penal del Distrito Nacional comenzó el juicio de fondo contra cinco acusados de agredir física y verbalmente al Defensor del Pueblo y a varios periodistas durante un incidente en el Centro de Retención Vehicular "Canódromo El Coco". Los imputados son la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó como testigos al titular del Defensor del Pueblo, al secretario general de la entidad, al teniente coronel del Ejército encargado de Seguridad, y a una periodista. Estos testigos detallaron las agresiones físicas y verbales sufridas durante una inspección en el Canódromo, controlado por la Digesett, debido a denuncias de irregularidades en la incautación de vehículos.
El inicio de esta etapa penal se da luego de que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogiera un recurso de las procuradoras fiscales adjuntas del Distrito Nacional en contra de la decisión del Primer Juzgado de Instrucción de no enviar a juicio de fondo a los acusados. Como consecuencia de los hechos, dos personas fueron condenadas a un año de prisión y al pago de una multa en mayo de 2023.
Se espera que en la siguiente audiencia, la jueza Milagros Ramírez escuche el testimonio de los testigos restantes y dé paso al acto conclusivo de las partes involucradas en el proceso judicial para determinar la culpabilidad de los cinco imputados. Este caso ha generado interés público debido a la gravedad de las agresiones sufridas por el Defensor del Pueblo y los periodistas involucrados en el incidente en el Canódromo.
Es importante resaltar que la agresión física y verbal de la que fueron víctimas el Defensor del Pueblo y varios periodistas en el Canódromo el pasado 11 de abril de 2022 generó indignación en la sociedad dominicana. El proceso judicial en curso busca esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los acusados en las agresiones sufridas por las víctimas durante la inspección realizada en el centro de retención vehicular.
La presencia de testigos y la presentación de pruebas en el juicio de fondo contra los imputados permitirán a la justicia determinar la culpabilidad y aplicar las sanciones correspondientes en base a la ley. La actuación del sistema judicial es fundamental para garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas por este tipo de agresiones y para prevenir futuros incidentes que puedan vulnerar la integridad física y moral de los ciudadanos.
