En una operación desplegada por la Procuraduría General de la República en Santo Domingo, se llevaron a cabo 15 allanamientos y se realizaron siete arrestos, entre ellos el del empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi, y el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, por irregularidades relacionadas con el caso de los semáforos. La operación contó con la participación de 170 agentes policiales y 30 fiscales, y se extendió por diversas ubicaciones como el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Punta Cana y San Cristóbal. Se ocupó una gran cantidad de equipos durante los allanamientos, cuyos detalles no han sido revelados.
Uno de los allanamientos tuvo lugar en la oficina de Jochi Gómez, la cual cuenta con el logo del Ministerio de Defensa. José Ángel Gómez Canaán fue interrogado en la Procuraduría por la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho. Posteriormente, fue detenido en el marco de una investigación sobre un contrato firmado durante la gestión de Beras con la empresa de Gómez, Transcore Latam, relacionado con la modernización y gestión del sistema integral de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo. Hugo Beras también fue detenido y su residencia allanada con un amplio contingente de efectivos y miembros del Ministerio Público.
El comunicador Guillermo Gómez, padre de José Ángel Gómez Canaán, atribuyó la persecución contra su hijo a recelos entre organismos de seguridad del Estado. Según sus declaraciones, la detención de su hijo estaría relacionada con supuestas confrontaciones en la comunidad de inteligencia dominicana. Además, responsabilizó al director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto, de orquestar la detención junto al Ministerio Público. El comunicador anunció que revelará más detalles en su programa de televisión, Aeromundo, que se transmite los domingos por Color Visión. Además, cuestionó el contrato otorgado a la empresa de su hijo durante el gobierno de Danilo Medina, señalando que este estaba relacionado con la seguridad y protección de la frontera, lo que habría generado tensiones dentro de las fuerzas de inteligencia.
Es importante mencionar que la operación desplegada por la Procuraduría General de la República en Santo Domingo ha generado controversia y expectación en la sociedad dominicana. Los allanamientos y arrestos realizados han sido seguidos de cerca por los medios de comunicación y ha generado debate en torno a la transparencia y la ética en las instituciones públicas. Se espera que se esclarezcan los detalles de las irregularidades detectadas en el caso de los semáforos y que se determinen las responsabilidades correspondientes. La participación de figuras públicas y empresariales en este tipo de investigaciones refleja la importancia de combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas en la República Dominicana.
