El Tribunal Colegiado de Jimaní ha condenado a cinco personas por tráfico ilícito de migrantes agravado, como parte de la red criminal desmantelada con la Operación Iguana. Roberto Méndez Pérez y Johan Rosario Castillo fueron sentenciados a 10 años de prisión, mientras que Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán recibieron una condena de 15 años. Los fiscales de las procuradurías especializadas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas presentaron pruebas que fueron consideradas válidas por los jueces que dictaron la sentencia. La Operación Iguana fue llevada a cabo por la procuradora general Yoanna Bejarán Álvarez en el año 2022, con allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.
Durante los allanamientos realizados como parte de la Operación Iguana, el Ministerio Público arrestó a los acusados y confiscó diversas evidencias, incluyendo siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, dinero en efectivo y documentos. La investigación de este caso se inició en diciembre de 2021 y logró reunir pruebas que vinculan a los miembros de la red con el tráfico ilícito agravado de migrantes, así como el secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana. Según el expediente acusatorio, los acusados utilizaban amenazas, chantaje y secuestros para obtener sobornos y obligar a las personas a pagar por su liberación, llegando incluso a recurrir a amenazas para recibir los pagos exigidos.
La red criminal desmantelada en la Operación Iguana utilizaba la frontera dominico-haitiana como centro de operaciones para el tráfico ilícito de migrantes. La procuradora general de corte Yoanna Bejarán Álvarez encabezó este operativo que incluyó nueve allanamientos simultáneos en distintos municipios. Los acusados fueron acusados de mantener a personas en cautiverio hasta recibir los pagos exigidos por su liberación, utilizando diversos métodos coercitivos para asegurar el cumplimiento de sus demandas. La investigación realizada por la PETT y la Pepca logró obtener pruebas contundentes que llevaron a la condena de los acusados por parte del Tribunal Colegiado de Jimaní.
La sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Colegiado de Jimaní refleja la gravedad de los delitos cometidos por los acusados en el marco del tráfico ilícito de migrantes. Los jueces consideraron válidas las pruebas presentadas por los fiscales de las procuradurías especializadas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, lo que llevó a la condena de cinco de los acusados. La Operación Iguana fue un operativo exitoso que permitió desmantelar una red criminal dedicada al tráfico ilegal de migrantes, protegiendo a potenciales víctimas de estas actividades ilícitas.
En resumen, la Operación Iguana liderada por la procuradora general Yoanna Bejarán Álvarez permitió desarticular una red criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes en la frontera dominico-haitiana. Los acusados fueron condenados por el Tribunal Colegiado de Jimaní a penas de prisión por sus delitos, tras presentarse pruebas contundentes que los vinculaban con el secuestro y tráfico ilegal de personas. La Fiscalía logró demostrar la gravedad de los actos cometidos por la red criminal, que utilizaba amenazas y chantajes para obligar a sus víctimas a pagar por su liberación. La sentencia emitida refleja el compromiso de las autoridades dominicanas en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la protección de los derechos de las personas vulnerables ante estas prácticas criminales.
