La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha anunciado que no concederá ninguna prórroga a los legisladores electos, funcionarios designados o ratificados que no presentaron su declaración jurada de patrimonio dentro del plazo estipulado, que venció recientemente. Hasta el momento, solo el presidente Luis Abinader, 89 de los 190 diputados electos y nueve de los 32 senadores habían cumplido con este requisito. Entre los funcionarios que sí presentaron su declaración se encuentran varios ministros, incluidos los de Deportes, Administrativo de la Presidencia, Interior y Policía, Presidencia, Administración Pública, Defensa, Juventud y Salud Pública.

A pesar de que el plazo establecido ha vencido, varios legisladores y funcionarios acudieron a la CCRD para presentar su documentación. Sin embargo, el organismo ha señalado que aquellos que no cumplieron dentro del plazo caen en la irregularidad. La Ley 311-14 establece que los funcionarios públicos obligados a declarar deben presentar su declaración jurada de bienes dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión. El incumplimiento de este requisito puede acarrear sanciones graves contempladas en la Ley No. 41-08 de Función Pública, las cuales variarán dependiendo del grado de omisión o la gravedad de la falta.

La presentación de la declaración jurada de patrimonio es un requisito obligatorio para los funcionarios públicos en la República Dominicana, y su incumplimiento puede tener consecuencias graves. A pesar de ello, hasta la fecha límite establecida, solo una parte de los legisladores y funcionarios electos habían cumplido con este requisito, lo que ha llevado a la CCRD a no conceder prórrogas y a considerar a aquellos que no presentaron sus declaraciones en el plazo correspondiente como irregulares. Esto demuestra la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública.

La falta de presentación de la declaración jurada de patrimonio por parte de los funcionarios también ha generado críticas y cuestionamientos sobre la ética y la honestidad de los mismos. La sociedad dominicana espera que sus representantes electos y funcionarios designados cumplan con las normativas establecidas y demuestren un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La CCRD ha dejado claro que no tolerará incumplimientos en este sentido y que aquellos que no presenten su declaración jurada en el plazo estipulado se enfrentarán a las consecuencias correspondientes.

En este contexto, es fundamental que los funcionarios públicos en la República Dominicana cumplan con las normativas establecidas en cuanto a la presentación de sus declaraciones juradas de patrimonio. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en cualquier democracia, y es responsabilidad de los representantes electos y funcionarios designados actuar con honestidad y ética en el ejercicio de sus funciones. El cumplimiento de este requisito es crucial para garantizar la confianza de la sociedad en sus líderes y en las instituciones públicas.

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