La operación Camaleón, dirigida por el Ministerio Público para investigar presunta corrupción, involucra a siete personas en un proceso que comenzó con una licitación fraudulenta en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y se extiende a acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco. En una audiencia para discutir si imponer medidas coercitivas a los acusados, se intentará demostrar que estos formaban parte de una estructura ilícita para beneficiar a la empresa Transcore Latam con el manejo de semáforos en Santo Domingo, lo que derivó en espionaje y sabotaje. El contrato, por más de 1,317 millones de pesos, fue manipulado desde el inicio para favorecer a la empresa mencionada, que carecía de la capacidad técnica necesaria para ejecutar el proyecto.
Las empresas Transcore Latam, Aurix e Inprosol habrían sido creadas para ganar la licitación y desviar fondos públicos, beneficiándose de millonarios contratos gracias a la manipulación del proceso de licitación desde el Intrant. Tras obtener el contrato, Transcore Latam tomó el control de los semáforos y del sistema de videovigilancia en Santo Domingo, lo que comprometió gravemente la seguridad vial del país. Gómez, enterado de la investigación en su contra, habría obtenido documentos confidenciales de la Procuraduría, infiltrándose así en la investigación de las autoridades. El sabotaje a los semáforos sería uno de los delitos cometidos por la red, calificado como "terrorismo" por el Ministerio Público.
El Ministerio Público busca probar que el manejo de los semáforos en Santo Domingo permitió a Gómez realizar espionaje y vigilancia ilegal, accediendo a conversaciones telefónicas, mensajes y datos de los vigilados. La solicitud de medidas de coerción destaca la gravedad de los hechos imputados, la pluralidad de delitos cometidos y la posible pena de hasta 20 años de prisión, solicitando 18 meses de prisión preventiva. Aunque el control de la red semafórica podría haber dado a Gómez capacidad para espionaje, sus posibilidades eran limitadas, ya que solo podía controlar el tráfico y acceso a datos vehiculares, sin capacidad para interceptar comunicaciones.
Los imputados, entre ellos Hugo Beras, José Ángel Gómez, Frank Rafael Atilano Díaz, Samuel Gregorio Baquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padovani y Carlos José Peguero, enfrentan cargos por participar en la adjudicación fraudulenta de contratos, facilitar contratos a empresas corruptas, manipular licitaciones, entre otros delitos. Las empresas vinculadas, como Transcore Latam, Aurix e Inprosol, habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos, manipular procesos de licitación y realizar actividades ilegales de vigilancia y espionaje. La magnificación de la interceptación telefónica en el país no considera las protecciones tecnológicas existentes, como la encriptación de datos por empresas como Apple, Google y Meta.
En resumen, la operación Camaleón del Ministerio Público investiga una red de corrupción que comenzó con una licitación fraudulenta en el Intrant, derivando en acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado y más. Los acusados, incluyendo a Hugo Beras y José Ángel Gómez, enfrentan cargos por su participación en la trama corrupta para beneficiar a empresas como Transcore Latam. La manipulación de contratos millonarios, desvío de fondos públicos y actividades ilegales de vigilancia y espionaje son algunos de los delitos imputados. La solicitud de medidas de coerción destaca la gravedad de los hechos y la posible pena de hasta 20 años de prisión.
