Un diputado del Partido Revolucionario Moderno por el Distrito Nacional presentó un proyecto de ley en la Cámara Baja para crear una base de datos que recopile el reconocimiento facial biométrico, registros dactilares y palmares de ciudadanos dominicanos y extranjeros residentes en el país. El objetivo de esta ley es identificar a los autores de delitos a través de la recolección de estas evidencias y facilitar la individualización de personas procesadas como imputados, así como prevenir delitos de suplantación de identidad.
El proyecto propuesto también permitiría la búsqueda de cadáveres, personas amnésicas o en estado de coma que no puedan comunicarse, así como extranjeros que no hablen el idioma local. Según el diputado Sánchez, con esta base de datos se podrá establecer la identidad de personas víctimas de delitos como desapariciones forzosas, trata de personas, femicidios, homicidios y otros crímenes que lo requieran. La instalación del sistema ABIS en la Procuraduría General de la República permitiría almacenar y administrar esta información.
La propuesta legislativa establece que la Policía Nacional será la encargada de suministrar los datos para mantener actualizada la base de datos. Además, se propone capacitar al personal de la Dirección Nacional de Cedulación de la Junta Central Electoral en la recolección, corrección y actualización de los aspectos distintivos que otorgarán los ciudadanos. Las huellas y demás información personal solo podrán ser consultadas por la PGR, Institutos de medicina legal, y dependencias de seguridad nacional con el fin de identificación bajo parámetros electorales, demográficos, migratorios, policiales y judiciales.
En caso de que una persona elimine sus registros dactilares, el Tribunal Electoral sería responsable de emitir una constancia para poder actualizar el sistema tecnológico. Sin embargo, el proyecto no especifica las consecuencias para aquellos ciudadanos que cometan esta acción. Se ordena la creación de un Departamento de Seguridad Cibernética para garantizar la seguridad, confidencialidad, transparencia y uso correcto de los certificados digitales del acceso a la base de datos de Identificación Combinada.
