Por su parte, la resolución 342-2024 establece los criterios para la certificación y reconocimiento de competencias laborales en el sector TIC, con el objetivo de garantizar la calidad de los profesionales que desempeñan funciones en las unidades de Transformación Digital y Ciberseguridad del Estado. Estas medidas buscan fomentar la especialización y el desarrollo profesional de los técnicos y profesionales del sector, contribuyendo así al crecimiento y la competitividad de las instituciones públicas.
Además, la implementación de estas resoluciones permitirá a las instituciones públicas contar con un personal capacitado y actualizado en materia de tecnologías de la información y comunicación, lo que contribuirá a la mejora de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y a la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Asimismo, se busca fortalecer la seguridad cibernética de las instituciones del Estado, protegiendo la información y los sistemas de información de posibles ataques y garantizando la privacidad y confidencialidad de los datos.
Estas medidas también buscan fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre las instituciones del Estado, promoviendo la creación de una red de profesionales del sector TIC que puedan compartir buenas prácticas, experiencias y conocimientos, en beneficio de todas las instituciones públicas. De esta manera, se busca potenciar la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico del Estado, impulsando la modernización y la transformación digital de la administración pública.
En resumen, las resoluciones 341-2024 y 342-2024 emitidas por el Ministerio de Administración Pública buscan mejorar el funcionamiento de las unidades TIC del Estado, adaptándose a las realidades del mercado global y garantizando la calidad y la competencia de los profesionales del sector. Con estas medidas, se pretende modernizar el sector TIC gubernamental, mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta de las instituciones públicas, fortalecer la seguridad cibernética y fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre las instituciones del Estado.
